El colectivo La Voz de los Desaparecidos solicita que la reunión con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, sea a puertas abiertas o en público, incluso podría darse la próxima semana.

Así lo refirió María Luisa Núñez, fundadora del organismo no gubernamental, en entrevista a Intolerancia Diario, quien señaló que esperaran el acercamiento con las autoridades de Puebla.

Indicó que plantearán al gobernador la obligación de los funcionarios públicos de que se haga valer el Estado de Derecho y que, más allá de las víctimas de la desaparición forzada, está la obligación de localizarlas.

“Que importe un carajo si mi hijo era un Chapo Guzmán, que no lo era y a las pruebas me remito, pero son víctimas de la desaparición y tienen todo el derecho del mundo de ser buscados, encontrados y de regresar a casa”, añadió.

“No vamos a permitir que nos revictimicen, criminalice”, aseveró, al señalar que además les interesan los resultados, que están obligados a dar, independientemente de las posibles causas de la desaparición.

Aunque María Luis Núñez, señaló que aún tienen dudas que se lleve a cabo la reunión, ya que han solicitado por escrito en tres ocasiones una junta, pero no han sido recibidos hasta el momento, espera que en esta ocasión si haya el encuentro.

Dijo que el último acercamiento que intentaron fue el año pasado, cuando se buscaba que se aprobara la "ley de búsqueda de personas" y no les contestaron desde la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Búsqueda.

Tras la protesta en las calles del pasado lunes, dijo que de algún modo se tienen que hacer escuchar, ya que las autoridades no están haciendo su trabajo para localizar a los desaparecidos.

Indicó que desde la marcha del 10 de mayo pasado, hubo un acercamiento con la Fiscalía General del Estado (FGE) y su titular Gilberto Higuera Bernal, con quienes realizaron una firma de coordinación con el colectivo.

“Por lo menos se ha iniciado un diálogo con el fiscal General, desde donde ha girado instrucciones hacia los demás funcionarios públicos”, dijo al señalar que todavía tienen problemas con algunos de dichos empleados.

“Vamos a ver en próximos días al fiscal, él nos dijo cuando se firmó el acuerdo que no vamos a encubrir a nadie, la gente tiene que trabajar y tiene que dar resultados”, dijo.

De este modo, señaló que entiende que el problema no es con el fiscal, sino con quienes tienen a cargo directamente las carpetas de investigaciones.

Recordó que en Puebla se tienen contabilizadas por lo menos a tres mil personas desaparecidas, sin embargo, las autoridades de nivel federal ocupan los bancos de datos a su favor mediante maquillaje.

“De manera real en Puebla sigue habiendo 3 mil desaparecidos, en el Registro Nacional no se contabilizan a todas las victimas desaparecidas, incluidas las de hace años”, dijo.

Mencionó que últimamente los familiares se han dado a la tarea de verificar si su familiar aparece en dicho Registro Nacional y no lo están, entonces es una tarea que se hace de manera directa a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Afirmó que la Comisión de Búsqueda no ha encontrado una sola víctima, sino que es gracias a las investigaciones de los mismos familiares, como se llegan a encontrar cadáveres en la mayoría de los casos.

Puso de ejemplo su caso, en el que logró encontrar a su hijo con otras seis personas, quienes fueron victimas de la delincuencia organizada y de la corrupción.

“Las familias que vivimos el problema en carne propia tenemos otros datos y esa es la realidad, yo hice mi propia investigación, yo ubiqué el lugar, yo fui y tomé fotografías y ubicación y le di la información a las autoridades, entonces quiénes encuentran, los familiares”, sostuvo.

Asimismo, indicó que recientemente se encontró en el municipio de Tochtepec una fosa clandestina con siete cuerpos desde hace un mes, lo que se ha ocultado, ya que los familiares son quienes lo localizan.

“Llegan las autoridades ya que las familias hicieron toda la talacha”, aseveró la activista.