Ante el elevado número de casos donde las menores que son obligadas a vivir con una persona, ya sea con un matrimonio forzado, o una cohabitación, el Congreso del Estado recibió la iniciativa para castigar hasta con 22 años de prisión dicha práctica.

El diputado Oswaldo Jiménez López, de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que hay una realidad donde personas se dedican a enamorar niñas y adolescentes, para posteriormente llevárselas y obligarlas a vivir en otros lugares en contra de su voluntad, generalmente con tema de trata.

Señaló que la semana pasada presentó la iniciativa para reformar y el artículo 228 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, y aplicar una sanción mayor.

“Comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir, en forma constante y equiparable, como si se tratase de un matrimonio”.

Destacó que se busca una sanción que inhiba este delito “A la persona responsable de este delito, se le impondrá pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientas Unidades de Medida y Actualización".

"La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad, si la víctima perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena".

Insistió en que los matrimonios forzados en las comunidades indígenas, son el resultado del entrecruce de los sistemas capitalista, colonialista y patriarcal, que excluyen, empobrecen y marginan a las mujeres indígenas, enfrentándolas a vivir, por lo menos, tres formas de discriminación, que son las siguientes: por ser indígenas, por ser, en su gran mayoría, pobres y por ser mujeres.

Señaló que resulta paradójico, en un México, en el que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres son el 51.4% de la población total, en el que el 46.6% de la población nacional se encuentra en situación de pobreza y que ocupa el tercer lugar de los países con mayor diversidad de pueblos indígenas.

Indicó que los matrimonios forzados son, para la comunidad internacional, una manera contemporánea de esclavitud y una violación a los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y de las niñas, constituyéndose a su vez en una forma de violencia de género.

Señaló que es necesario que en México  se realicen acciones enfáticas, que protejan a una comunidad tan altamente vulnerable como lo son las mujeres indígenas mexicanas, ya que además de la condición expuesta, la discriminación que viven, por razón del sexo, es compartida con el resto de las mujeres del país, coincidiendo, por ende, con los efectos de la discriminación, tanto en la sociedad como en algunas comunidades, lo que ha generado las condiciones propicias, para que se presente la violencia y desigualdad.