La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado aprobó la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa, Ley de Mecanismos Alternativos de Solución a Controversias, Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Defensa Pública, con lo cual se concreta la Reforma Judicial en Puebla, y se dan elementos para la profesionalización y defensa de los ciudadanos.
Los documentos enviados por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que serán votados este jueves en el pleno, cierran el círculo de leyes para la transformación del Poder Judicial en Puebla junto con las aprobadas en diciembre de 2022, que fueron la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo.
La comisión aprobó la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado y la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución del Estado.
Dentro de esta reforma al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se le adscribe el Centro de Justicia Alternativa, como órgano desconcentrado, con plena autonomía técnica, de gestión, operativa, presupuestaria y de decisión para implementar y administrar el funcionamiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Se contempla la mediación, la conciliación, el arbitraje y el procedimiento restaurativo. En ellos, las y los poblanos podrán acordar y consentir soluciones bajo la guía de un tercero especializado, certificado para aplicar los distintos medios alternativos. Asimismo, regla el procedimiento que ha de seguirse para su trámite.
Dentro de la iniciativa se contemplan acciones de Inconstitucionalidad, Controversias Competenciales, Acción de Tutela y Acción por Omisión Legislativa
En ese mismo marco normativo se indica que estas serán responsabilidad de análisis de la Sala Constitucional, refrendándose también la forma en la cual deberá de estar conformado este órgano del Poder Judicial.
Asimismo, se especifica que las Acciones por Omisión Legislativa se traducen en contrapesos al Poder Legislativo al ser herramientas que garanticen que sean emitidos los cuerpos normativos que la Constitución mandata expresamente. De igual manera se crea la figura de Revisión y de Revocación como Recursos de Legalidad Ordinaria con la que se busca establecer la autonomía de jueces y magistrados.
La Carrera Judicial
La Ley de la Carrera Judicial busca profesionalizar a los integrantes de dicho sistema, destacando que el nombramiento de jueces se hará a través de exámenes de oposición, los cuales podrán ser públicos o privados, además de que los miembros.
De igual manera se pretende que el Consejo de la Judicatura sea el encargado de las actividades de la Escuela Estatal de Formación Judicial, además de la creación del Registro Único De Personas Servidoras Públicas de la Carrera Judicial.
“La presente iniciativa se prevé que la carrera judicial por sí tenga la finalidad de profesionalizar los servicios de impartición de justicia”, se menciona dentro de la propuesta.
La Defensoría Pública
Además, aprobaron la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, la cual indica que la prestación de estos servicios pasará a formar parte del Poder Judicial y ya no del gobierno del estado, buscando ayudar a quienes requieran de ayuda legal.
En el documento se establece la creación del Instituto Especializado para la Defensoría Pública, mismo que tendrá una dependencia del Consejo de la Judicatura que a su vez deberá de nombrar a la persona responsable de dicho organismo.
Las personas que deseen desempeñarse como defensores públicos tendrán que contar con nacionalidad mexicana, así como su título en licenciatura en Derecho o equivalente y su cédula profesional expedida por la SEP con una antigüedad de dos años en el ejercicio de la profesión.
Entre los servicios que se brindarán se encuentran los relacionados a los casos del fuero local, además de la materia familiar, penal, civil y laboral, estableciéndose que los usuarios no deben de dar alguna retribución económica hacia sus defensores.