La diputada local Ruth Zárate Domínguez anunció que esta semana presentará ante el Congreso del Estado la iniciativa para crear el “registro de personas agresoras sexuales y violentadoras de género”, mismo que estará a cargo de la fiscalía, sin que pueda ser consultado por particulares, sólo instancias como el INE, oficinas gubernamentales, protegiendo así los datos personales.
En entrevista comentó que la iniciativa fue elaborada por el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para presentarla en el estado de Hidalgo, pero se busca que Puebla cuente con un registro propio que proteja a las víctimas y ubique a los agresores.
Dijo que la reforma al Código Penal establece que además de la sentencia condenatoria firme que se dicte en contra del sentenciado, se inscribirá en el registro estatal de personas agresoras sexuales y violentadoras de género, misma que durará durante todo el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.
La inscripción en el registro será hasta que haya una sentencia condenatoria firme en la que se haya impuesto pena privativa de la libertad a la persona que hubiere sido declarada penalmente responsable en la comisión de delitos de índole sexual y violentadoras de género, la que no podrá exceder del tanto de la sanción impuesta al sentenciado.
La medida consistirá en incorporar los datos de la persona sentenciada en el referido registro, como forma de contribuir en la protección de la comunidad, de manera primordial en la salvaguarda del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como de las mujeres, cuya duración no podrá exceder de la duración de la pena de prisión impuesta.
Aclaró que al no tener acceso cualquiera persona a dicho registro; es decir, al no ser público, no se violenta la intimidad de los sujetos que integran el padrón, en virtud de que no se divulga, comparte, distribuye, ni se publican imágenes de las personas, ya que de hacerlo se incurriría en una infracción penal, al atentar contra el derecho fundamental a la intimidad. Si bien es cierto que toda persona tiene derecho a ser protegida respecto a injerencias arbitrarias o ilegales a su vida privada, familia, domicilio o su correspondencia, así como de ataques a su honra y reputación.
Precisó que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que deberá: Establecer los lineamientos para crear, administrar, actualizar, monitorear y evaluar el funcionamiento del Registro de personas agresoras sexuales y violentadoras de género; el cual únicamente podrá ser consultado por autoridades judiciales, ministeriales y electorales.
Insistió en crear un registro sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de la relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia.
