Tras haberse negado a nombrar un comisionado del INAI, mismo que quedará paralizado por lo menos hasta el mes de septiembre, el diputado federal por Puebla, Javier Casique Zárate, advirtió que lo que se va a generar es que la Secretaría de la Función Pública, a quien le quieren delegar las funciones del instituto, sea lenta, opaca y corrupta.

En entrevista el legislador señaló que es importante desmenuzar esta reforma que no es otra cosa más que un grave retroceso a la gestión pública, y se niega el derecho del acceso a la información.

Recordó que en la sesión maratónica del pasado jueves durante su intervención en tribuna mencionó que dicha ley, camina en contrasentido, respecto a los principios de rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

Y es que estas reformas, recalcó, atentan contra los principios más básicos de probidad en el manejo de los recursos públicos.

Casique Zárate lanzó la siguiente pregunta: ¿Qué buscan con esta iniciativa? Lo que pretenden hacer, dijo, es una Secretaría lenta, opaca y corrupta” aprovechando la mayoría que tiene Morena y sus aliados.

Recordó que hubo otras iniciativas que buscaron que salieran en el llamado “fast track”, al tiempo de señalar que la urgencia con la que se legisla es sospechosa, toda vez que el peligro de corrupción es latente, si facultan a la misma dependencia para que sirva como juez y parte, en absolutamente todas las adquisiciones del gobierno federal.

Precisó que esta es la razón por la que el Grupo Parlamentario del PRI, votó en contra de este dictamen y con sus reformas al vapor lo que van a hacer en esta reforma, es paralizar de facto, a casi toda la estructura que vigila el buen uso de los recursos.

Por otra parte, señaló que los morenistas tienen congeladas las iniciativas de la oposición y recordó que presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal para poder iniciar procesos penales en contra de quienes requieran el pago de “cripto-préstamos por medio de amenazas, intimidación, hostigamiento y robo de datos personales, y la sanción podría llegar a los ocho años de prisión".

Comentó que el documento se entregó a la Comisión Permanente del Congreso, e indicó que en los últimos años ante las dificultades económicas de las familias, se popularizó la adquisición de supuestos créditos fáciles y rápidos a través de aplicaciones móviles ajenas a bancos, que se han vuelto una pesadilla para quienes son víctimas de estos fraudes y caen presas de deudas impagables.

Casique Zárate explicó que estas prácticas han encendido la alerta debido al aumento de casos, identificándose más de 130 apps (aplicaciones) de esta naturaleza, y la gente está siendo hostigada y vive con miedo.

El legislador expuso que de acuerdo a la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), los fraudes cibernéticos pasaron de 1 millón 578 mil casos en el año 2017 a más de 2 millones 745 mil casos en el 2021, concluyó.