El Congreso de Puebla recibió la solicitud de renuncia del magistrado Carlos Palafox, y aprobó el cerco para los deudores alimentarios, donde además de estar en el padrón, tendrán limitaciones para realizar trámites.
Durante la Sesión Ordinaria, la mesa directiva recibió la solicitud de renuncia del magistrado nombrado el 30 de noviembre de 2022 a propuesta del gobernador Miguel Barbosa, y cuyo nombramiento fue rechazado por algunos diputados, una vez que consideraron que había ocupado un cargo equivalente a una Secretaría de Estado.
La solicitud de renuncia de quien fuera presidente del Consejo de la Judicatura hasta hace tres meses, fue turnada a la Junta de Gobierno.
Aumentan sanciones a deudores alimenticios
En la sesión, se aprobaron por unanimidad aprobaron modificar tres ordenamientos legales para frenar a los deudores alimentarios, los cuales serán registrados a nivel nacional.
La iniciativa fue para realizar reformas y adiciones al Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objeto de armonizar el marco normativo en el estado.
Con ello, las autoridades competentes como el Poder Judicial y el DIF podran tener acceso inmediato al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Entre los logros destacados, se encuentra que el deudor alimentario deberá informar cambios en su empleo en un plazo de 15 días hábiles al acreedor alimentario y al Juez correspondiente.
Esta medida busca agilizar la actualización de la pensión alimenticia decretada y no tengan excusas para no pagarlo.
Asimismo, ninguna persona que quiera adoptar podrá estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, según la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Deudores alimenticios, en la mira
El Juez del Registro Civil informará si alguno de los contrayentes está inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, garantizando transparencia en las uniones matrimoniales.
Además, habrá la divulgación en solicitudes de Matrimonio: los contrayentes serán informados sobre su inscripción en el Registro y la situación respecto al tema.
La Procuraduría de Protección del DIF tendrá acceso a las bases de datos del Registro, fortaleciendo la capacidad de protección de los derechos de la infancia.
El Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla (TSJ) contribuirá a suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar la información sobre el incumplimiento de obligaciones alimentarias.
En su intervención, la diputada Nora Merino, destacó la importancia de estos avances para mejorar la efectividad del sistema que permitirá garantizar el pago de obligaciones alimentarias.
