El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, Ambrosio Corona Carbarín, demandó una reforma al Reglamento Interior del Congreso del Estado para eliminar el requisito de un plazo mayor a 30 días en los casos de solicitud de licencia de un legislador propietario para que se llame al suplente, al señalar que debe ser a partir de la solicitud, sin importar el tiempo.

Recordó que este año varios legisladores suplentes vieron vulnerado su derecho a rendir protesta porque los propietarios solicitaron licencias menores a treinta días de manera consecutiva dejando vacíos en el poder legislativo, sobre todo en lo que se refiere a la representación proporcional.

El legislador que recurrió al Tribunal Federal para poder rendir protesta, precisó que la autoridad jurisdiccional federal en materia electoral ha razonado que, la omisión de convocar a los suplentes, genera un vacío en los Congresos que impacta negativamente en las decisiones legislativas.

Reiteró que si las y los diputados propietarios piden licencias menores o mayores a 30 días, ya que en todos los casos, debe convocarse al suplente para que los órganos legislativos funcionen de manera completa.

Comentó que de seguir considerando que solo es posible llamar a las y los suplentes cuando las licencias otorgadas a los propietarios sean mayores a 30 días, da lugar a que en un mismo periodo puedan autorizarse diversas licencias menores a 30 días y que el órgano legislativo opere con diversas diputaciones ausentes, vulnerándose de forma grave la manera en que constitucionalmente se previó la conformación y funcionamiento del órgano legislativo.

Explicó que su propuesta es modificar los artículos 23 y 31 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a fin de que las y los diputados suplentes sean convocados a rendir protesta en aquellos casos en que su respectivo propietario solicite licencia para separase temporalmente del cargo, sin importar la temporalidad de la licencia.

Sostuvo que ésta es la única manera en que se garantizará la completa integración, así como el adecuado funcionamiento de nuestro órgano legislativo, y se evitaría la posible afectación a los derechos político electorales de la ciudadanía.