Está en riesgo la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), alertaron organizaciones civiles, ante las reformas constitucionales enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así lo señalaron en un comunicado conjunto, Artículo 19, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Observatorio Designaciones Públicas, donde alertaron sobre los riesgos que implica la desaparición de los órganos constitucionales autónomos.
Incluso, bajo el hashtag #LoQueDejamosDeSaber, las organizaciones exigieron al Congreso de la Unión implemente mecanismos para garantizar el derecho humanos a la participación activa en los asuntos públicos del Estado.
Piden un ejercicio efectivo que permita participar a todas las personas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas interesadas para ejercer un mejor control democrático y asegurar el derecho a saber del pueblo de México.
Señalan que así lo ha dictaminado la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados con 18 de las 20 iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.
Alertaron sobre la posible aceleración de la discusión del dictamen sin que exista la oportunidad de analizar a fondo sus implicaciones en la garantía del derecho a la información.
“La desaparición de órganos garantes pone en riesgo la protección de derechos humanos”, sostienen las organizaciones especialistas en el tema.
De este modo, subrayaron que el presidente López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum se comprometieron a que el paquete de iniciativas del llamado Plan C, “no se aprobaría fast track”, tal como pretende la mayoría legislativa del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“Lo anterior es sumamente grave, ya que la discusión anticipada del dictamen contraviene principios del parlamento abierto, los cuales buscan el fortalecimiento de las iniciativas, toda vez que no existiría ningún mecanismo de diálogo ni de participación ciudadana efectiva sobre una iniciativa que pretende eliminar al órgano garante”, resaltan.
Resaltan en el caso del INAI, se propone su extinción y trasladar sus funciones a distintas dependencias y órganos de gobierno.
“Fue la misma ciudadanía la que impulsó la existencia de un órgano de vigilancia autónomo en la materia”, recordaron y lamentaron que el dictamen proponga que la Secretaría de la Función Pública asuma las funciones.
“Es contrario a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas construidos a lo largo de los últimos 20 años, además de que no forman parte de su mandato”, indicaron.
Reconocieron que ciertamente se requiere una reforma legislativa de acceso a la información, pero para que fortalezca el trabajo del órgano autónomo.
“Sobre todo, ante la práctica dada vez más recurrente que han asumido las instituciones de no entregar la información o declararla como reservada”, resaltaron.
Agregaron que la apuesta debería ser “pro mecanismos rigurosos que aseguren los mejores perfiles independientes y con experiencia necesaria para que realmente cumpla con la función para la cual fueron creados, que es al protección y defensa de derechos humanos sin injerencias por parte de otros poderes”.
De este modo recomiendan “un proceso amplio de deliberación ciudadana, bajo la premisa de la mayor protección a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales”, tal como lo ha referido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).