El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo presentó una iniciativa para rescatar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y recuperar los diez mil millones de pesos que adeudan los estados a la institución, y que permitirán su operación y elevar la calidad de los servicios, el pago sería en especie.

La iniciativa del legislador poblano busca solucionar los problemas de adeudos que enfrentan diversas entidades federativas con el ISSSTE, mismos que afectan gravemente la capacidad del Instituto para prestar servicios de salud de calidad y cumplir con sus funciones esenciales.

La propuesta del diputado Carvajal Hidalgo plantea un mecanismo de pago que permitirá a las entidades deudoras subsanar sus compromisos sin comprometer sus presupuestos. Mediante la dación de terrenos como forma de pago.

Al recibir el pago en especie, los terrenos podrá destinarlos al desarrollo de proyectos de vivienda social a través del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). Esta medida no solo fortalecerá las finanzas del Instituto, sino que también apoyará el acceso a la vivienda para sectores vulnerables, como los jóvenes.

La reforma propuesta a la Ley del ISSSTE busca, además, potenciar la creación de empleos en el sector de la construcción, con un estimado de 684 mil 200 empleos directos, y generar una derrama económica de más de $123 mil millones de pesos en el país. Este impulso económico se traducirá en una mayor oferta de vivienda sin requerir de una inversión significativa por parte del gobierno federal, promoviendo así una recuperación económica local y fortaleciendo los servicios de salud.

La iniciativa, dijo,  se alinea con las políticas de vivienda impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, promoviendo una solución integral que, además de sanear las deudas con el ISSSTE, fomenta el desarrollo habitacional sostenible y la creación de infraestructura.

Esta iniciativa busca eliminar el daño patrimonial heredado por administraciones anteriores, proporcionando un camino viable y legal para que los estados y municipios puedan regularizar su situación financiera. La propuesta representa un avance importante hacia la construcción de un sistema más justo y eficiente en beneficio de todos los mexicanos.