Representantes de la Coordinadora del Transporte, pidieron al gobierno del estado aplicar la ley contra quienes operan las unidades pirata que son protegidos por las agrupaciones Antorcha Campesina y el líder de la 28 de Octubre “Simitrio”, e indicaron que se sumarán al plan de electromovilidad que anunció el gobernador Alejandro Armenta Mier.
En entrevista Julio de la Rosa Montaño, Filiberto Rubalcava Macias, Abundio Ruiz Zavaleta, permisionario de transporte público, e integrantes de la coordinadora, manifestaron su disposición a sumarse a la estrategia de combatir y erradicar de manera definitiva el pirataje y corrupción.
Señalaron que por años el problema ha sido auspiciado y protegido por las organizaciones Antorcha Campesina y la 28 de Octubre Simitrio, que no buscan, no proponen, ni aportan soluciones viables a la problemática.
Señalaron que a través de sus líderes solo han aumentado las prácticas desleales, pero sobre todo fuera de la ley, y estaban acostumbrados al chantaje a las autoridades en turno y lucrando con la necesidad de quienes tienen que trabajar, es para ellos un jugoso negocio.
Advirtieron que este negocio les deja cientos de miles de pesos mensuales, por las miles de unidades a las cuales les cobran para darles protección, usurpando funciones que competen única y exclusivamente a la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Insistieron en que debe haber cumplimiento irrestricto de la Ley misma que establece en el Artículo 190 BIS del Código Penal del Estado: Se impondrá pena de 8 meses a 6 años de prisión, multa de 8 mil 866 pesos a 46 mil 330 pesos, al propietario o poseedor de un vehículo que preste servicio público de transporte o mercantil, servicio de arrastre y salvamento, sin contar con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente, la misma sanción a propietarios o poseedores de un inmueble que se preste para el funcionamiento una terminal del servicio público de transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades, incluyendo al que se use como depósito de vehículos piratas.
Además se determina el decomiso del vehículo pirata, suspensión de la licencia de 1 a 10 años o cancelación definitiva, independientemente de las sanciones administrativas en caso de que en el delito intervenga, concesionario, permisionario, socio, o representante de persona jurídica concesionaria o permisionaria.
Reiteraron que la Coordinadora de Transporte Público y Mercantil rechaza la piratería además de que no se regularicen las unidades que manejan las organizaciones porque significaría un retroceso a la modernización del transporte.
Finalmente señalaron que han tenido acercamiento con las autoridades para que se logre la electromovilidad, y se garantice un transporte digno y seguro, además de que se ha pedido a las líneas que se encuentran agrupadas que se preparen para pasar la revista que inicia el próximo mes.
