Al terminar su gestión al frente del Comité Directivo Estatal, del Partido Acción Nacional, dirigentes y secretarios recibieron bonos que suman un 1 millón 413 mil 199 pesos y 35 centavos, de los cuales la presidenta, Agusta Díaz, tuvo un bono de 250 mil 525 pesos y 89 centavos, de acuerdo con documentos entregados al Instituto Nacional Electoral (INE).
Luego de que en la sesión del Consejo Estatal del pasado fin de semana se dieran a conocer que se investiga al anterior comité, fuentes consultadas, señalaron que entre se encontró un contrato de fumigación mensual para las oficinas del partido, pero el prestador del servicio, presuntamente es hermano de la ex dirigente estatal, mismo que recibió pagos de 20 mil pesos mensuales.
Además, se está revisando la plantilla de personal porque familiares de los secretarios estaba en la nómina del partido, sin una función específica que desarrollara, lo que implica desvío de recursos.
De los bonos entregados a finales de diciembre, el secretario general habría recibido 181 mil 875 pesos, el tesorero un finiquito por 130 mil 989 pesos, y el resto del secretariado 106 mil 256 pesos.
De acuerdo a las fuentes consultadas no dejaron documentación comprobatoria, ni se subió al Sistema Integral de Fiscalización de INE, la información relativa al financiamiento entregado que las estructuras municipales referente a más de 2 millones de pesos.
Asimismo, falta de documentación contable y comprobatoria por un monto de 17 millones de pesos. (Información relativa a proveedores como avisos de contratación, Kardex, muestras fotográficas, minutas, contratos, entre otros).
Revelaron que esta situación podría generar una multa adicional por esa misma cantidad por parte del Instituto Nacional Electoral, y el partido se quedaría prácticamente en ceros para poder operar lo que resta del año, así como en el 2026.
Derivado de la multa por la que se omitió destinar, al menos 50% del financiamiento público para actividades de campaña que recibió a las mujeres que postuló el PAN como candidatas, no se encontró información que pudiera sustentar, defender o debatir la probable violencia política de género en que se incurrió.
Además, existen excandidatos que fueron registrados en el pasado proceso sin su conocimiento, por lo que existe probable vulneración a sus derechos, usurpación de identidad y falsificación de firmas.
