El pasado lunes 4 de julio el Congreso del Estado emitió la convocatoria para renovar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla). Conforme con lo estipulado por la ley pertinente, desde el día 7 hasta el 11 del presente (¿eso incluye sábado y domingo?) las oficinas del Poder Legislativo recibieron las postulaciones hechas por las universidades, asociaciones civilies, colegios de abogados y organismos no gubernamentales para encabezar la dirección del ombudsman por excelencia en la entidad.
La CDH Puebla, además de tener su fundamento jurídico en un organismo autónomo constitucional, resulta de vital importancia para el buen funcionamiento de la vida democrática de una entidad que, desde hace varios meses, intenta —no siempre con el éxito esperado— generar mecanismos de función pública eficientes, lejanos del corporativismo de antaño, redes clientelares y cuotas políticas que, según el discurso oficial de Casa Puebla, pertenecen al pasado de un régimen autoritario. El problema es precisamente lo contrario: en los últimos meses el funcionamiento gubernamental suele contradecir una y mil veces las declaraciones de los más altos mandos de la administración pública estatal.
Para muestra, una simple revisión al calendario: la convocatoria citada efectivamente fue fechada el lunes 4 de julio pero fue publicada en el portal de internet del Congreso del Estado, principal sitio de difusión del documento en cuestión, hasta el jueves 7 del presente dándole a las organizaciones interesadas en postular posibles candidaturas un margen real de tres días hábiles para preparar y tener listos su documentación.
¿Cuál fue la justificación que dieron algunos diputados al respecto? Muy simples, lógicas y, hasta cierto punto, ofensivas; permítame sintetizar una serie de declaraciones emitidas por Josefina Buxadé: todos aquellos ciudadanos que sabían sobre el asunto, que cuentan con las suficientes cartas credenciales, desde el pasado 29 de junio estaban concientes que empezaba formalmente el proceso de renovación de la Presidencia de la CDH Puebla, y desde entonces debieron haber preparado sus documentos pertinentes. Muy cierto, pero entre comillas.
El problema nunca fue ese, sino la ausencia de transparencia mostrada por el Congreso del Estado al retrasar la publicidad de una convocatoria que hoy, con tan sólo dos candidaturas —ni siquiera logaron la terna considerada por la convocatoria— formalmente avaladas por la comisión de Derechos Humanos de la LVIII Legislatura genera más sospechas que confianza y certeza en los procedimientos.
No es posible que el Congreso, aquél espacio representativo de inclusión y salvaguarda del Estado de Derecho, juegue con un recurso vital para el funcionamiento mínimamente democrático de cualquier entidad: la transparencia en los asuntos públicos. La democracia, diría Bobbio hace décadas, “se trata de hacer públicas las cosas públicas”; un servidor se atreve a agregar “y hacerlo” en tiempo para evitar sospechas, denuestos y elucubraciones de mal gusto. La Comisión de Derechos Humanos ha avalado dos candidaturas y parece que la votación que hará el pleno de la LVIII Legislatura, entre los días 27 y 28 de julio, ya está previamente acordada. En definitiva, este no es el Congreso que queremos.