Miles de estudiantes egresados de secundarias y preparatorias públicas y privadas dormirán muy temprano esa noche. Muchos “antros” de los municipios de Puebla y Cholula estarán menos atestados de lo habitual; ese viernes no precisamente “hará su agosto” la industria dedicada a entretener y dispersar a adolescentes y jóvenes. Y el asunto no es para menos, cada uno de ellos junto con sus familias se preparan para un día importante: en cuestión de unas horas 45 mil jóvenes arribarán a las instalaciones de Ciudad universitaria, Centro, Medicina, campus regionales y preparatorias para presentar su examen de admisión a la Universidad Autónoma de Puebla. Desde este espacio: ¡mucha suerte a todos!
Aunque, ciertamente, cada año el número de solicitudes de ingreso crece proporcionalmente, así como los lugares disponibles hacen lo concurrente: la UAP, más que cualquier otra universidad pública en el país, de cada 100 aspirantes aproximadamente 47 tienen su lugar asegurado en las 66 opciones profesionales que la institución ofrece. No obstante, el problema de la educación superior en Puebla ocurre a partir del primer minuto que ese examen es debidamente sellado y entregado para su revisión: el 13 de agosto la UAP publicará sus resultados y será entonces cuando el conflicto se tornará irresoluble.
Entre frustración, por parte de los estudiantes, por no haber logrado su ingreso en la máxima casa de estudios y la preocupación obvia de los padres de familia por intentar solventar los onerosos gastos de una educación superior de calidad, aparece entre estos, casi sin advertirlo un total de 323 “universidades” privadas dispuestas a satisfacer una demanda aproximada de 23 mil 850 jóvenes dispuestos a formarse como profesionistas. Desde luego, de esa cifra tan grande la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) reconoce tan sólo a una treintena que, para ser estrictos, en términos reales se reduce a tantas universidades como las que pueden contarse con los dedos de una mano.
El problema es en extremo delicado y los datos son alarmantes: en Puebla existen alrededor de 293 universidades “patito” de las cuáles, poco más de 50 —según cifras corroboradas por Maricarmen Salvatori Bronca, subsecretaria de Educación Superior del gobierno del estado— están en “focos rojos”. En suma, son “franquicias” más que instituciones, capaces de lucrar con la formación de nuestros jóvenes y de extorsionar a padres de familia indefensos, e inexpertos, que confían la educación superior de sus hijos en una sarta de cínicos e improvisados.
Insisto, no es un tema menor. Al respecto, la subsecretaria Salvatori Bronca ha anunciado la publicación en los próximos días de una “lista negra” que contenga lo peor de estas instalaciones que se dicen ser “universidades”. Será muy socorrida la publicación del diagnóstico de la Secretaría de Educación Pública estatal antes del 13 de agosto. Por lo pronto esperemos, por el bien de nuestros futuros profesionistas y del desarrollo técnico de nuestra entidad, que la clausura de estas “universidades líquidas” sea pronta y expedita. Los poblanos nos merecemos menos impunidad y más imperio de la Ley; es lo justo para todos.