La Procuraduría General de Justicia (PGJ) tuvo a bien enviar lo que llama una respetuosa precisión por lo publicado en la pasada entrega de esta columna, titulada “Sí se violentaron los derechos humanos en Palmar de Bravo”, y el primer párrafo del documento dice: “La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que el agente del Ministerio Público no ha violentado las garantías individuales de los 8 arraigados relacionados con los hechos ocurridos en el municipio de Palmar de Bravo, donde perdió la vida Manuel Noria Salas.
”Lo anterior para precisar lo publicado en su columna Porque los muertos corren rápido, titulada: Sí se violentaron derechos humanos en Palmar de Bravo.”
Le comentó a nuestros amigos lectores, y de la misma forma como respuesta a la PGJ, que la columna no se refiere a los ocho policías municipales de Palmar de Bravo que desde el 5 de septiembre pasado se encuentran arraigados, sino a ocho empleados de una constructora propiedad del ingeniero Carlos Regino Muñoz Durán que el pasado 9 de septiembre fueron llevados mediante la fuerza a las instalaciones de la Procuraduría, donde fueron amenazados e intimidados, de acuerdo con una queja presentada por el empresario ante la Comisión de los Derechos Humanos, para que hicieran señalamientos de un hecho —homicidio— que nunca les constó, porque ocurrió en una casa que se ubica a dos kilómetros.
Lo importante de esta carta-precisión es que en los otros dos párrafos sí se refiere a lo publicado en la columna del miércoles 25 de septiembre, que dice: “Es importante resaltar que el representante social tiene la facultad de ordenar la presentación de cualquier persona que pudiera aportar datos que ayuden a la investigación, también se tiene la atribución de realizar diligencias de cateo en inmuebles que puedan tener relación con los hechos que se investigan, ello a través de una orden que es autorizada por el Juez, previo a la valoración de las pruebas, como es el caso.
”En relación al cateo realizado en el rancho La Concepción o La Concha, se cuenta con testimonios que refieren que ese fue el primer sitio donde ocultaron al probable responsable del homicidio calificado, favoreciendo que se sustraiga de la acción de la justicia.”
Esta precisión indica entonces que no se trató de una “invitación” a declarar, como se dijo primero, cuando salió a relucir que ministeriales habían cateado una propiedad donde se presumía estaba escondido un sospechoso de homicidio calificado, que al final no estuvo.
Los otros dos párrafos de la carta se los reproduzco igual, de manera textual.
“Por otra parte, los elementos de la policía municipal que se encuentran bajo la medida cautelar de arraigo, han sido asistidos en todo momento por abogados, reciben visitas de familiares, y son supervisados periódicamente por un médico legista, esto siguiendo las medidas de seguridad y lineamientos que representa un centro de arraigo.
”La PGJ reitera que en caso de que se acredite la manipulación del lugar de los hechos, así como el ocultamiento o favorecimiento para que el probable responsable del homicidio, evada la acción de la justicia, se procederá penalmente.”
Finalmente, le comentó que en la propiedad cateada, propiedad de Regino Muñoz Durán, no ocurrió el asesinado de un empleado del presidente municipal de Palmar de Bravo, presuntamente a manos de su hijo del edil, fue en otra casa.
 
Retirando cargos de manera voluntaria
No tiene mucho que ocurrió, Andrés Martínez Silverio, el testigo “estrella” de la PGJ en el caso de Palmar de Bravo, llegó “de manera voluntaria” a las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos para retirar una queja presentada por sus familiares en contra de elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), quienes cerca de las 8:20 horas del 4 de septiembre lo sacaron en forma violenta de su casa, en privada Allende 1001 de la colonia El Calvario, en el municipio de Palmar de Bravo, de acuerdo con datos que se encuentran radicados en el expediente CENTRO-2921/2013.
Martínez Silverio, quien fue compañero cercano de trabajo de Manuel Nuria Salas, muerto de un disparo de arma de fuego en el tórax, dijo que “no pasaba nada”, “que estaba bien”, que nunca estuvo desaparecido. Más tarde, salió de esas oficinas y materialmente desapareció, le dijo a su hermano Vicente Martínez Silverio que ya estaba hasta la madre de tanta presión y que se negaba a declarar, luego desapareció.
Se me olvidaba decirle que para demostrar que en esa comparecencia Andrés Martínez sí actuó “escuchando a su conciencia”, este hombre llegó a las oficinas de Derechos Humanos escoltado por dos elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), quienes sólo “revisaron” que no se le fuera a olvidar nada.
 
En Puebla, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Este viernes estará en Puebla la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga del Carmen Sánchez Cordero, para impartir una conferencia sobre el caso de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, acusada de secuestro en México y liberada en enero de este año.
La conferencia se realizará al medio día en el Aula Magna de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, y responde a una invitación expresa del presidente del Consejo de Directores de la institución, el abogado Gerardo Tejeda Foncerrada.
Nos vemos cuando nos veamos.
 
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