Lo que parecía ser sólo una especulación terminó siendo realidad: Alfredo René Macip, coordinador de los agentes del Ministerio Público de la zona de Tehuacán, lo mismo que elementos de la Policía Ministerial que participaron en el cateo del pasado 9 de septiembre a la casa del presidente municipal de Palmar de Bravo, son investigados por la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, luego de haber sido denunciados por el delito de robo.
El 9 de octubre pasado, en esta misma columna le comente que ocurrió “un error” en el cateo a la casa del presidente municipal de Palmar de Bravo, Julio Eduardo Morales Genes, y por “equivocación” se llevaron algunas alhajas y relojes, además de dinero en efectivo, que igual “se les olvidó regresar”, por lo que aquí les hacemos un atento recordatorio.
“Los servidores públicos que buscaban afanosamente a un presunto homicida y que registraron toda la propiedad, se encontraron a su paso un reloj Cartier que tiene un precio de 30 mil pesos, además de un reloj Mido que vale 20 mil, cinco pares de aretes que juntos suman unos 10 mil pesos, además de tres esclavas de 9 mil, una cadena con medalla de 6 mil, otra más de las tejidas del mismo valor y 12 mil pesitos en efectivo que se encontraban dentro de un sobre”.
Resulta que estos valores no fueron devueltos a la familia y, como consecuencia, ya fue presentada una denuncia en su contra, misma que en estos momentos está siendo investigada y que podría llevar como consecuencia que los responsables no sólo sean separados de su cargo, sino que además se les inicie un procedimiento penal.
No cabe duda, no se puede perpetrar un delito para perseguir otro; un servidor está seguro que si estos servidores públicos tuvieron algo que ver con el ilícito van a ser llamados a cuentas.
Las investigaciones continúan…
¿Jueza bipolar o…?
En la pasada entrega le comente de una carta llegada a esta redacción donde se manifestaba la curiosidad de si la jueza civil de Tecamachalco, Araceli María de la Luz Díaz Carcaño, tenía problemas de bipolaridad con su personal o si trataba de encubrir su negligencia culpando a su equipo de trabajo de sus errores, para después destuirlos, a grado tal que por su escritorio había pasado la “guillotina” a una secretaria de acuerdos, una proyectista, cuatro comisarios, dos oficiales mayor, tres diligenciarios y dos escribientes.
Tras el reporte a esta columna llegó otro correo que detalla uno de los múltiples despidos anteriormente señalados, el de Obdulia Prince Méndez, a quien primero la hizo su “dilecta” amiga y de sólo ser auxiliar de un diligenciario le dio interinato y seguido nombramiento de secretaria y durante una semana las dos eran vistas juntas comiendo, paseando e incluso en reuniones de Tecamachalco, y de la noche a la mañana le exigió que le firmara su renuncia.
La empleada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ese día fue privada de su libertad durante varias horas para que firmara, pero no sólo no acepto, sino que además se amparó ante la destitución y le fue repuesto su trabajo, pero sólo le duró unos días porque después por una “supuesta” orden del presidente del Tribunal fue dada de baja.
Por cierto, Obdulia Prince, antes de ser destituida, tuvo en sus manos un expediente del remate de una propiedad, expediente que al parecer era “negocio de la jueza”, por lo que no se descarta este pueda ser el motivo y no una simple “bipolaridad”.
Luego le comentó más.
Cobran por escuchar música, y luego…
Por las calles del centro histórico de la ciudad de Puebla un grupo de “mensajeros”, de una organización identificada como “Somexfon SGC (Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, Sociedad de Gestión Colectiva)” se ha dedicado a entregar en negocios de todo tipo de giro oficios donde les “impiden que se utilice música grabada sin que se pague un impuesto”, y este documento viene acompañado de todas las amenazas que usted se pueda imaginar, como si se tratara del crimen organizado cuando trata de “cobrar piso”.
Imagine el lector que usted vende memelas y que prende su radio en una estación de música grupera, entonces debe pagar por cada canción o será objeto de una demanda penal, incluso federal.
Esta organización no se preocupa en llevar estos oficios a vendedores de música “pirata”, porque saben de antemano que estos comerciantes gozan de la protección de las autoridades locales y federales, entonces buscan “atemorizar” a pequeños comerciantes que no pueden con las bajas ventas, los robos, y ahora si escuchan una canción la tienen que pagar.
Armando Robles Cruz es uno de estos “oscuros” mensajeros que se la pasa amenazando comerciantes, para prepararse a “cobrar” impuestos por escuchar música, aunque sea de radio.
¿Dónde esta la famosa seguridad para el comercio poblano?
Nos vemos cuando nos veamos.