Tan “sensible y humana” la administración del gobernador Rafael Moreno Valle, que la disculpa pública a la que obligó la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las secuelas mortales del desalojo del 9 de julio en Chalchihuapan todos podremos verlo en horario prime-time.
El viernes 17, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios de la vía Atlixcáyotl, entre las 14:00 y 20:00 horas el consejero jurídico del gobierno del estado, José Montiel Rodríguez, grabó para las cámaras de una empresa productora de televisión el mensaje que sería pautado esta misma semana en los canales locales de TV.
Difundir a través de las pantallas un mensaje de duelo cuyo destinataria original es la señora Elia Tamayo Montes, madre del niño muerto José Alberto Tehuatlie Tamayo, como la más grave de las consecuencias del exceso de fuerza pública, no hace sino evidenciar una estrategia aún más burda.
La semana pasada que la mamá del pequeño a quien un proyectil de metal disparado por la policía estatal perforó el cráneo y arrebató la vida recibió el primer mensaje epistolar en una cuartillita firmada por el funcionario de tercer nivel para que participara en un “evento” con motivo del cumplimiento de la recomendación de la CNDH 2VG/2014.
Tan “cálido” el mensaje a una madre que perdió a un hijo que el texto es digno de las peores expresiones de un régimen fascista, sin escrúpulos ni sentido humano: “El Gobierno del Estado de Puebla, LO INVITA (sic), a que asista en compañía de sus familiares al evento que se celebrará (sic) a las 19 horas del 17 de octubre de 2014”.
Ofensa tras ofensa, la familia de origen notoriamente humilde que perdió a un miembro ha padecido la anomia del gobierno que fue sorprendido por sus mentiras para evadir escenarios incómodos que resultaran en detrimento de un proyecto personal: la precandidatura presidencial de Rafael Moreno Valle, el orquestador de la trampa que no termina.     
Ante la negativa de la familia Tamayo y el resto de los agraviados para acudir a la farsa estatal del viernes previo, tras el exceso policiaco para desalojar un tramo carretero con Facundo Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública al frente, la estrategia fue cambiar el destinatario del mensaje artificioso, impuesto desde la CNDH.    
La interlocución que busca la administración estatal no es ya la parte agraviada a quien ha regateado legitimidad con un ninguneo tenaz y persistente, sino la gran audiencia, con la que busca congraciarse en un intento por recuperar el bono democrático dilapidado en casi cuatro años.
El problema para continuar por ese derrotero es que quien asesoró esta ruta es que ignora notoriamente la percepción de rechazo, incredulidad y hartazgo que existe en la mayoría de la sociedad respecto de mensajes gubernamentales transmitidos a través de la pantalla chica.
El saldo de este nuevo episodio es que no sólo resultará más afectada la de por sí deteriorada imagen de un gobierno que no tiene la simpatía de la gente, sino además del deterioro de los propios medios que han dilapidado la credibilidad que alcanzaron antes de la llegada de un régimen opaco, antidemocrática e intolerante que ha privilegiado esta suerte de “telecracia”.