No habían transcurrido más de 26 horas de la inauguración de la ciclopista que corre sobre el camellón central del bulevar Atlixcáyotl, a cargo del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, y del director de Petróleos Mexicano, Emilio Lozoya, cuando un primer accidente puso en riesgo la vida de una persona. 
Porque el evento trágico sucedió a media tarde del viernes, ya con el fin de semana encima, o por una acción tardía deliberada en los medios tradicionales de información, tan obsequiosos con la línea editorial trazada desde el gobierno del estado, la nota no se conoció ese día, menos el sábado o domingo.
El silencio uniforme y sospechoso que tiende al establecimiento de un diagnóstico insalubre para la democracia y la transparencia: el sometimiento de los medios a un grupo que se resiste al escrutinio.    
Se trataba del trabajador de la empresa prestadora del servicio de dotación y alumbrado en la zona metropolitana Citelum, Raúl Villa Pachuca, electrocutado al hacer maniobras sobre la ciclopista, a la altura del restaurante Toks de Anglópolis, quien tuvo que ser atendido por la unidad de auxilio SUMA número 35.
Las imágenes al alcance del reportero fueron posteadas por un usuario de Facebook, acompañadas del texto: “Lamentable. Descuido de una obra hecha de prisa (e innecesaria) #ciclovía sin revisión de protección civil propicia que joven trabajador reciba descarga mientras coloca adorno metálico”.
El miércoles 26, la entrega de esta “Parabólica” se ocupó de las inconsistencias de una obra diseñada y construida sin observar las más elementales disposiciones de seguridad y protección en la Norma Oficial Mexicana 037-SCT2-2012, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
No fue el único evento derivado de esa obra paquidérmica, que mide más de 4 kilómetros y costó más de 15 millones de pesos, es decir, casi 3.75 millones de pesos por kilómetro lineal. 
El domingo en la madrugada, un automóvil, conducido a gran velocidad, impactó contra un camión de carga pesado. 
El vehículo compacto rebotó y terminó por derribar unos tres fantasmas tubulares que hacen la función de estructura de contención a unos 30 centímetros de la pista sobre las que corren los velocípedos.     
De la falta de cumplimiento de la NOM Oficial no sólo es responsable el gobierno del estado y su responsable de obra, Cabalán Macari, sino también los gobiernos municipales de la capital de Puebla y el de San Andrés Cholula, imposibilitados de reconvenir a los personeros del mandatario, que no admite negativas ni réplicas.
Y lo son también los funcionarios federales, incapaces también de observar las anomalías de una administración empeñada, como la de Puebla, en convertir en un espacio lúdico la zona metropolitana de mayor plusvalía, aun a costa de todos quienes ahí convergen.