La ley antigrafiti entrampó a los represivos diputados locales. La radicalidad, la falta de análisis y de consulta ciudadana frenó los ímpetus justicieros de los legisladores.
El miércoles 28 de enero, sorpresivamente, la fracción panista en el Congreso local, en voz de Eukid Castañón Herrera, presentó una iniciativa de ley para castigar hasta con tres años de prisión a las personas que realicen pintas en inmuebles privados, y si ésta se hace en edificios públicos, la pena llegará a los seis años.
La propuesta panista busca reformar el artículo 185 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, incrementando la sanción prevista para dicha conducta ilícita, a fin de frenar tales actos que laceran a la ciudadanía y que generan acciones que dañan el ámbito patrimonial tanto privado como público.
La propuesta fue duramente criticada en medios de comunicación nacionales, porque profundiza las sanciones en contra de quienes practiquen el grafiti o pintas, sin tomar en cuenta las valoraciones comunicativas, expresivas y políticas del fenómeno.
El 4 de febrero —ante las constantes y diversas críticas contra la iniciativa panista— obligó a los legisladores a suavizar la ley que penaliza el grafiti.
Para atemperar las críticas, el viernes 6 de febrero sesionaron los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, para revisar el tema de las sanciones de la ley antigrafiti, pero no llegaron a ningún acuerdo.
En esa sesión, el fiscal general jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia, Enrique Flota Ocampo, realizó un análisis sobre las sanciones. Los diputados no tuvieron otra alternativa más que volver a posponer la discusión de la ley antigrafiti hasta esta semana.
Flota Ocampo fue claro y directo contra la ligereza de los legisladores panistas: “El concepto de proporcionalidad, incluye tanto en la conducta misma como en el daño ocasionado.
”Los diputados están reflexionando en algo que está en la legislación federal, como son las penas alternativas. Además, hay que pensar en la centralidad, en la importancia de la reparación del daño. Es decir, no es sólo castigo, sino restablecer el estado en que estaban los inmuebles en beneficio de las personas afectadas”.
Y les puntualizó que la legislación de vanguardia en el tema de grafiti busca que haya medios alternativos que no impliquen judicializar el grafiti o sancionarlo con prisión. Y que cuenten con un tratamiento específico para menores. 
Ahora los diputados panistas tendrán que buscar una salida digna a sus aceleradas propuestas de castigar por castigar a los grafiteros. Mientras tanto, evidenciaron su falta de conocimiento sobre la materia.