Ahora que la CNDH decidió tomar nuevas medidas en torno al violento desalojo en Chalchihuapan, que culminó con el homicidio del niño José Luis Tlehuatle, se hizo evidente la intentona del gobierno estatal de encubrir a los autores intelectuales y materiales de este crimen.
El oficio que ayer reveló en Intolerancia el columnista Fernando Maldonado deja en claro que para la CNDH las recomendaciones no han sido cumplidas, por lo que está pendiente la renuncia y respectiva sanción al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas.
La “operación limpieza” ordenada desde Casa Puebla fracasó, ya que el órgano encargado de custodiar los derechos humanos de los mexicanos espera el anuncio de la destitución de Facundo Rosas, entre una larga lista de pendientes.
En esa misma lógica, yo le pregunto al lector: ¿Recuerda usted al fiscal al que el procurador de Justicia Víctor Carrancá le tomó protesta para "investigar y hacer cumplir" las recomendaciones de la CNDH?
Seguramente que no.
Porque este oscuro personaje no volvió a aparecer en la escena pública desde que el inefable Víctor Carrancá lo presentó con bombos y platillos, prometiendo un actuar objetivo y transparente en las investigaciones.
No se necesitaba ser un genio o adivino para deducir que el fiscal José Antonio Pérez Bravo no haría absolutamente nada para hacer cumplir las 11 recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió al gobierno morenovallista.
Tras la designación de Pérez Bravo, en esta columna escribí sobre la burla que representaba el arribo de un fiscal cuyo principal antecedente era el fracaso en las investigaciones por el homicidio de la activista social Digna Ochoa.
En respuesta al nombramiento, escribí en Contracara lo siguiente:

De la mentira de estado, al Juicio Político
La permanencia de Facundo Rosas, Víctor Carrancá y Luis Maldonado en sus cargos es una clara afrenta a las recomendaciones de la comisión humanista, la cual dejó en claro las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por estos tres funcionarios.
A todas luces es evidente que existe un blindaje de la estructura del estado, para evitar que se sancione a los principales responsables de los hechos, en donde la figura del gobernador se convierte en el principal objetivo a defender.
No hay que olvidar que hasta ahora nadie le ha preguntado a Facundo Rosas si solicitó autorización para ordenar el desalojo o si fue una decisión personal.
Y tampoco se ha llamado al gobernador a rendir cuentas, pese a que la cadena de mando dice que un operativo de esta envergadura requiere del aval del ejecutivo.
Es evidente que las acciones del gobierno morenovallista en respuesta a las recomendaciones de la CNDH confirman que en Puebla no hay condiciones para garantizar un debido proceso ni existe una división entre los poderes del Estado, lo que podría generar que el caso Chalchihuapan tome un nuevo camino: el juicio político.

Lamento recordarlo, pero conste que se los dije.
Hoy la nula acción del inútil fiscal y la política encubridora estatal provocaron una nueva acción de la CNDH, para la cual —al igual que a todos los poblanos— las recomendaciones no han sido cumplidas.
Por lo pronto, a Facundo hay que irle cantando las golondrinas.