La frustrada detención protagonizada por un grupo de policías ministeriales en contra de Christian Biffano, el 13 de febrero, a bordo de una unidad de transporte público Bicentenario en la avenida Margaritas, de la colonia Patrimonio, tiene un siniestro telón de fondo que va más allá de las evidentes ilegalidades del caso.
Sucede en un momento preciso en la vida pública en el estado por el secuestro y ejecución de un estudiante de preparatoria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Puebla, que ha encendido el dolor, la molestia e indignación de amplios segmentos sociales.
Es al mismo tiempo una cadena de desaciertos que un grupo de ciudadanos, sin querer, desnudó con una herramienta eficaz y legítima como el uso de redes sociales, cuando agentes ministeriales pretendían "levantar" a un muchacho por la sólo sospecha de haber participado en un homicidio.
El contexto es amplio y sus orígenes tienen que ver con la agenda planteada desde el Congreso del estado, en donde el 27 de febrero el procurador de Justicia, Víctor Carrancá, comparecerá con otro funcionario impresentable: Facundo Rosas, el tambaleante secretario de Seguridad Pública encontrado responsable de la violencia desatada el 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, que más tarde cobró la vida de un niño de 13 años.
La desaforada búsqueda de los responsables del secuestro del joven estudiante del Tec de Monterrey, José Antonio Sebastián Rivera Préstamo, a quien habrían ejecutado apenas después del "levantón" de que fue objeto en Sonata, de Lomas de Angelópolis, y encontrado sin vida en Veracruz, obedece a las cuentas que el funcionario deberá entregar a los legisladores en la fecha prevista.
En el entorno del responsable de la procuración de justicia en Puebla se sabe que un plagio y mala operación y negociación de parte de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto ponen al procurador en un ángulo débil. 
Se asume además como un hecho cierto que la diputada federal del PRD Roxana Luna Porquillo, una crítica contumaz del grupo en el gobierno, acuda a esa comparecencia, que por ley debe ser pública. 
Ese contexto explica la aparición de la camioneta Suburban color plata con placas de circulación TXX 6268, vehículo asignado al propio Víctor Carrancá, y a la que hasta hace unas horas hacían intentos desesperados por cambiar la numeración de las láminas para evadir responsabilidades. 
La actuación en el penoso episodio a bordo del Bicentenario del coordinador de escoltas del procurador, Lauro Rafael de la Torre Panduro, confirma la especie.
Una revisión a las bitácoras de la dependencia podría evidenciar el nivel de improvisación en ese "operativo" de la DGADAI, sólo comparable con los episodios de la célebre comedia norteamericana de la década de mediados de los sesenta, Súper Agente 86, que provocó hilaridad entre quienes conocen de protocolos de investigación y detención de delincuentes.
La desgracia que viven familiares y amigos por la ejecución de Sebastián Rivera Préstamo lo es también para el titular de la Procuraduría General de Justicia, porque lo puso en el tiro certero de la opinión pública, del escarnio de especialistas en materia de procuración de justicia y el enojo ciudadano.
Y pudo haber sido también una desgracia para el otro joven, Christian Biffano, por el sólo hecho de llevar el homónimo de uno de los presuntos secuestradores. Sin orden de aprehensión, el objetivo de los ministeriales sería sometido a las "técnicas más avanzadas" para obtener información de un delito que no cometió. 
No contaban con la valiente decisión de una mujer surgida del anonimato para grabar todo el suceso para luego quedar registrado en cuentas de Facebook de cientos de miles de usuarios, para testimoniar la participación de colaboradores cercanos al procurador, en un acto ilegal e inoportuno.