“A mis amigos justicia y gracias, a mis enemigos la Ley a secas”, es la máxima de la política mexicana con la que comulga el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. 
Por eso no duda en aplicar el garrote en el que convirtió los órganos con los que cuenta el Estado.
El Órgano de Fiscalización ya aplica la instrucción transmitida desde el sótano del morenovallismo, en donde habita el señor de las catacumbas. Amagar desde una institución del Estado se volvió práctica recurrente en los últimos años, pero particularmente en las últimas semanas.
Cualquier presidente municipal del PRI en Puebla lo sabe, lo padece. No lo dirá por precaución o supervivencia política. Todos han recibido visita de los enviados desde la oficina de la capital con dientes de auditordesalmado, y con plazos perentorios. No existen miramientos. 
No inmiscuirse en proceso electoral alguno, ni como ciudadano en tiempos libres o días de descanso. Caso que contrasta notablemente con el mandatario a quien se le ve en todos los procesos electorales para gobernador en siete de los nueve estados en donde su partido Acción Nacional compite.
Los ex ediles no han corrido con la mejor suerte. Priistas muchos de ellos en el retiro, han sido llamados para obligarlos a operar en favor de los candidatos del gobernador. 
La consigna es simple, un poco al estilo del crimen organizado: trabajar desde sus esferas de influencia para la causa contraria a cambio de mantener la libertad. Una revisión exhaustiva a las cuentas públicas del pasado como moneda de cambio del presente. 

En el sótano…

No debería sorprender la conducta facciosa de los diputados de diversas fracciones que pastorea el siniestro Eukid Castañón, pero hay que subrayarlo. 
En diez meses no hicieron pronunciamiento alguno que valiera la pena e hiciera justicia a la familia del niño José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo que murió por un proyectil criminal de la Policía de Facundo Rosas, el impresentable secretario de Seguridad que sigue en su cargo como si nada la cosa.
Ahora que hay un joven muerto por la presunta responsabilidad de un exmando policiaco del municipio de San Pedro Cholula, presidido por un rebelde edil del Movimiento Ciudadano, como José Juan Espinosa actúan con una rapidez inaudita.
Lo mismo sucede con el procurador Víctor Carrancá y la Procuraduría de Justicia que no solo mintió, sino ocultó información para castigar a quien haya ordenado abrir fuego en San Bernardino Chalchihuapan en junio de 2014. 
Su prestigio como jurista en una familia que se precia de ello es cosa del pasado. ¿Alguien se lo habrá dicho?  
Cualquier pérdida de una vida es lamentable y debe ser sancionada. Pero Hacer política con un muerto tiene nombre. Tramar una emboscada a un adversario del régimen por un expediente de esta naturaleza carece de moral y ética pública. 
¿De verdad supondrán los cancerberos del régimen que la gente es estúpida? Ellos tampoco han entendido que no han entendido. Es simple.