¿Por qué le preocupa tanto al gobierno de Puebla la muerte de un estudiante de 18 años de edad a manos de un elemento con cargo de la Policía Municipal de San Pedro Cholula?

¿Será acaso un ardid político para denigrar al ayuntamiento de San Pedro Cholula, a su presidente y a quien está apoyando políticamente para llegar a la diputación federal?

¿O será que este gobierno poblano tiene miedo de otro escándalo con un estudiante muerto?

Primero le comento que el endurecimiento ‎de las penas a quienes grafitean paredes fue de de Eukid Castañón Herrera, en su calidad de diputado por el Partido Acción Nacional.

Y lo que Jaid Mothe Hernández, exsubdirector acusado por homicidio calificado y abuso de autoridad, argumenta en su defensa es que cuando circulaba a bordo de su patrulla vio a tres jóvenes que estarían grafiteando una pared.

Estaba grafiteando y materialmente le dejó caer el código por "plomo".

Y entonces, Ricardo Cadena Becerra sería la primera víctima en el endurecimiento de las penas antigrafiti.

¿Será por esto que la Procuraduría General de Justicia apuró la consignación del exsubdirector de la Policía Municipal de San Pedro Cholula?

 

El que pega primero...

Nada más le comento al lector que antes de que el comunicado de prensa de la pgj comunicara la situación legal del expolicía, el señor procurador Víctor Antonio Carranca Bourguet —en entrevista con reporteros— había adelantado que el subdirector había asesinado "a sangre fría" al estudiante de 18 años. 

Dijo que el estudiante ni estaba grafiteando ni estaba huyendo, salía de un botanero con su hermano y otro amigo, y que la verdadera intención era extorsionarlos.

¿Para qué la versión del procurador, cuando el ayuntamiento de San Pedro Cholula por medio de su alcalde cooperó solicitando públicamente que el responsable se entregará, porque no fue detenido por la Procuraduría?

Y la agresión prosigue cuando es la misma Procuraduría la que "por abajito del agua" difunde que Jaid Mothe va a ser declarado formalmente preso.

¿Puede la pgj adelantar la determinación de un juez, antes de esperar a que se cumplan los términos legales?

¿Se acuerdan del caso de Florence Cassez?

¿Por qué piensa usted que hay tanta inquietud de la Procuraduría por hundir al expolicía?

¿Será realmente que ‎le interesa que se castigue al policía que disparó en la nuca de un estudiante?

¿Les remorderá la conciencia por el caso Ayotzinapa?

¿Les preocupa que Ricardo Cadena Becerra se convierta en la primera víctima de la ley antigrafiti?

¿Será porque el detenido fue chofer personal del presidente municipal de San Pedro Cholula y uno de sus hombres de confianza?

¿Quién será el verdadero juez del octavo de lo penal?

Una carta llegada a esta columna pone en duda quién será el verdadero juez del Juzgado Octavo de lo Penal.

Hay quienes dicen que Arturo Osorio Rivera es el verdadero juez y eso de “secretario par” es nada más para “cubrir las apariencias”.

Y es que dicen los quejosos, todos ellos abogados litigantes, que si no le “entran” con su cuota al secretario cualquier asunto ‎que le toque los va a traer “por la calle de la amargura”.

Y es que el secretario par, que parece ser el verdadero juez, obstaculiza, atrasa, oculta expedientes y diligencias de casos donde los abogados no se pusieron “amarillos”.

Nos vemos cuando nos veamos.