En las próximas horas dos entidades gubernamentales deberán fijar un posición formal frente a una petición fundada para desaparecer el ayuntamiento municipal de Tecamachalco, que preside el panista Inés Saturnino López tras los escándalos de abuso de poder, corrupción, opacidad y desacato a disposiciones federales.
En el escritorio de este reportero descansan dos documentos que ya deben poseer el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de Puebla, el priista Sergio Salomón Céspedes y el Auditor Superior, David Villanueva Lomelí, para que observen lo que sucede en aquélla demarcación municipal.
A la legislatura solicita la instauración de un Concejo Municipal que sustituya a las autoridades encabezadas por el edil y un séquito de servidores públicos que ha hecho el papel de cómplices; ante la Auditoria Superior del Estado, se denuncia actos y omisiones que afectan la hacienda municipal, estatal y federal.
Las solicitudes de intervención están firmadas por la regidora de Industria y Comercio, María Ruth Zárate Domínguez, misma que el 10 de septiembre pasado fue humillada cuando el tesorero de la administración panista, Silas Peralta Morales arrojó en plena sesión de cabildo 209 mil pesos en billetes de baja denominación como pago a las retenciones arbitrarias de los emolumentos, ordenadas por el presidente municipal.
Curiosamente, el encargado de cumplir la orden de arrojar el dinero en efectivo en la sesión de cabildo que ocupó espacios en la prensa nacional, está inhabilitado por la Auditoría Superior de la Federación, como costa en el oficio que el propio edil de Tecamachalco fue informado a través del oficio número DGRRFEM-B4105/15 firmado por Oscar René Martínez Hernández, director general de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la ASF.
Con esos antecedentes Silas Peralta fue nombrado tesorero del municipio, no obstante contar con una sanción resarcitoria, según se desprende del Pliego Definitivo de Responsabilidades número PDR040/15. Inés Saturnino dejó la iglesia en manos de Lutero, pues.
La regidora de Industria y Comercio documenta en ambas solicitudes prácticas sistemáticas que buscan esconder deficiencias serias como la entrega de “información deficiente, incompleta y obscura sobre el Plan Municipal de Desarrollo”.
Añade que en esa administración se carece de planes institucionales, programas y un Sistema de Indicadores de Desempeño, “ocasionando con ello total opacidad del funcionamiento y actuar del Ayuntamiento, aunado a esto, la falta de transparencia y rendición de cuentas”.
La pesadilla para el edil de Tecamachalco apenas comienza. Según la información disponible, su secretario general Juan Urrieta decidió inventar una sesión de cabildo el 21 de marzo del año pasado para resolver la donación de un predio en favor de un centro de salud que construye el gobierno del estado y disponer de dinero público para el DIF estatal. 
El acta de cabildo establece que esa sesión se llevó a cabo a las 9:00 de la mañana, misma hora en la que todo el cuerpo edilicio participaba de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez García, como consta en despachos periodísticos de ese entonces, como el sitio www.radiotk.org/?p=7910.
Ya hay denuncia ante la Agencia Especializada en la investigación de Delitos Culposos de la Procuraduría General de Justicia por los delitos de falsificación de documento público, consporación y sedición. 
Peor aún, la regidora humillada el 10 de septiembre por un acto de misoginia y prepotencia, no ha recibido el pago de sus ingresos como ordenó el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en el fallo TEEP-A-018/2015 del 13 de agosto, lo que debe ser interpretado como desacato. 
No existe un registro de transferencia, cheque emitido ni recibo firmado. El gesto de arrojar el dinero en efectivo en una sesión pública inundo los espacios noticiosos, pero la arrogancia de esa conducta será el peor de los errores de un presidente municipal que debe ir camino a la tumba política y administrativa.