Con la salida de Juan de la Cerda Hermida del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública este jueves que deberá entregar el cargo, habrán sumado un total de siete mandos que causan baja en el aparato policial en el gobierno del estado de Puebla desde el mes de julio.
A partir de que fueron detenidos por elementos del Ejército el director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López y el jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Méndez Lozano por su participación en operaciones de delincuencia organizada, los más altos funcionarios han caído de manera ininterrumpida.
Los policías federales Alberto Valencia y Marco Tulio López fueron fugaces subsecretarios que debieron salir por la puerta de atrás de la secretaría sumida en el descrédito absoluto en el ámbito nacional.
Casi todos involucrados directa o indirectamente con las bandas dedicadas a la ordeña clandestina de ductos de Petróleos Mexicanos, los dos últimos ceses de Héctor Navarro Nava y el de Cerda Hermida se debió a la mala gestión de recursos del Subsidio de Seguridad para los Municipios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Personal de la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata del municipio de Puebla, lo que generó la caída de una de las últimas herencias de Facundo Rosas Rosas, el exsecretario de Seguridad señalado de haber estado en la narconómina de Edgar Valdés Villarreal La Barbie, recién extraditado a los Estados Unidos.
En el caso de Hermida Cerca las cosas no difieren mucho. Fuentes del interior del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública narraron al reportero las inconsistencias que llevaron a convertir en elementos escenográficos los multipublicitados arcos de seguridad en los accesos al estado.
Con una inversión de casi 350 millones de pesos fueron convertidos en paradigma para evitar la entrada de delincuentes a Puebla y terminaron en símbolos de la ineficiencia en el uso del dinero público destinado a uno de los renglones más sensibles como la seguridad ciudadana, vulnerada todos los días en el territorio.
Algunos de ellos estuvieron por semanas sin personal de la Secretaría de Seguridad Pública y cuando los hubo, ante la carencia de equipo adecuado se dedicaron a dormitar sin más ocupación que verse las caras unos a otros, mientras que por las carreteras pasó literalmente de todo.
Otro de los asuntos sujetos a revisión exhaustiva es el proceso licitatorio del llamado C-5 que se construye sobre Periférico, que promete tener tecnología de última generación y cuya inversión será de 800 millones de pesos.
Nadie puede decirlo con certeza pero la inesperada visita de los auditores de la ASF ocurre a dos meses y medio que fue destapada la cloaca que priva en el ámbito policial tras la caída de Facundo Rosas, el secretario de Seguridad que guardó silencio sospechoso de la conducta delictiva de sus subordinados.
Con atinada razón y tras los escándalos recurrentes, policías de tropa se preguntan con insistencia si este cúmulo de funcionarios de alto nivel fueron sometidos a los multicitados exámenes de control de confianza, utilizados como coartada para el cese de cientos de uniformados.
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla se convirtió en la Cueva de Alí Babá y los 40 ladrones comenzaron a caer. ¿Dudas?