No es coincidencia que durante la madrugada del domingo fuera emboscado y ejecutado el presidente municipal de Huehuetlán El Grande, José Santa María Zavala, y que horas más tarde, en la ciudad de Puebla, el notario número 7, Juan Crisóstomo Salazar y Orea, haya sido baleado a las puertas de su despacho, en la 16 de Septiembre 1502.

Ambos casos y otros más que ocurrieron, son como consecuencia de una descomposición social que se vive en Puebla a consecuencia de la displicencia del gobierno de Puebla.

Y es que todo parece indicar que a este gobierno no le interesa, o no le conviene, que a nivel nacional se conozca que el crimen organizado está incrementando su presencia.

¿O será que estarían encubriendo a algún capo de los cárteles de México que ya vive en Puebla y que se trajo el trabajo a casa?

La emboscada y muerte del presidente municipal de Huehuetlán El Grande es la consecuencia de la llegada de grupos armados a Puebla que en su momento amenazaron a los ediles para exigirles la cuota o el cobro de piso.

Antes, este mismo alcalde había sido asaltado en su casa, y le habían robado más de un millón de pesos, además de una camioneta.

Otros habrían denunciado haber recibido amenazas de muerte, lo mismo que sacerdotes de diversas parroquias del estado.

Que el gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), se quiera “sacar la espina” diciendo que la muerte de José Santa María Zavala fue como consecuencia de un intento de asalto, los afecta más que beneficiarlos.

Y es que además de la inseguridad que provocan los capos de las drogas, secuestros y robo de hidrocarburos, hay que anexarle un incremento a la delincuencia que ‎este gobierno trata de encubrir con estadísticas que se las sacan de la manga, la adornan con billetes y las exhiben.

Nada más habría que recordar que la mayoría de los presidentes municipales de lo que comprende "El Triángulo Dorado" han sido amenazados por el crimen organizado, además de los de la zona que alcanza el paso de los ductos de Pemex desde Minatitlán a Puebla.

Hay que tomar en cuenta que la presidencia municipal de Cañada Morelos fue atacada por un comando armado.

Que en Acatzingo hombres armados dispararon contra hombres y mujeres que disfrutaban de un partido de beisbol, dejando un saldo de 4 muertos y más de 15 heridos.

Que un presunto implicado en robo de hidrocarburos de Acatzingo fue asesinado y se robaron su cuerpo.

Que en Palmar de Bravo dos menores fueron levantados y sus cuerpos aparecieron sin vida y con el tiro de gracia bajo un árbol, en Cañada Morelos.

Además de otros crímenes y desapariciones hasta el momento sin resolver.

Y para terminar de amolarla, la policía en huelga

Y a todos estos conflictos de homicidios, levantones, amenazas, extorsiones, secuestros y anexas, hay que aumentarle que las corporaciones policiacas poblanas se encuentran de "brazos caídos".

Conocedores de lo que ocurre, sostienen que esto del Nuevo Sistema de Justicia Penal, para el que no se preparó el gobierno de Puebla, les está afectado cuando realizan una detención o investigación.

Ni el personal de la Policía del Estado, ni de la Municipal, ni mucho menos la de Investigaciones, antes Ministerial, quieren realizar alguna detención ante lo engorroso del trámite para presentarlos ante la Fiscalía General del Estado.

Por un lado, la delincuencia incrementó, siguen los asaltos a comercios, a casas habitación, de robo de vehículos, a transportes, transeúntes, pero por otro lado la actividad policiaca disminuye, viene en picada.

Como consecuencia lógica de este cierre de año, los estímulos para policías que realizan una buena labor son utilizados para otros fines y van a parar a los bolsillos de uno que otro funcionario.

En la Estatal de Investigaciones siguen sin pagar como corresponde al nuevo personal y les siguen debiendo.

Y así quieren que se combata a la delincuencia.

Nos vemos cuando nos veamos.