La falta de información por parte del gobierno federal, sobre el operativo implementado por elementos de la Secretaría de Marina, en la población de Cuyoaco, donde murió la madre de un extinto líder de una banda de huachicoleros, debe ser colocado en una lupa y ser investigado a fondo.

La intervención de la Marina en el Rancho El Muerto, donde el saldo hasta el momento es de una mujer y un varón muertos, además de 4 marinos heridos, uno de éstos declarado con muerte cerebral, no es, de ninguna forma, un triunfo del gobierno federal sobre la mafia del robo de hidrocarburos, sobre todo porque no hubo aseguramiento de gasolina robada.

El pretexto que tuvo la Marina para ingresar la madrugada del martes a una propiedad privada, sin contar con una orden legal, fue que estaban buscando a Rafael Cortás, quien sería el nuevo jefe de la banda de robo de hidrocarburos que comandaba el extinto Jesús Mirón (a) “El Kalimba”, ejecutado por bandas rivales.

Pero resulta que no hallaron a quien buscaban y su operativo no fue tan oculto, porque fueron recibidos a balazos.

La muerte de Patricia, madre de “El Kalimba”, no ha sido justificada de manera legal.

Sólo se manejan dichos que indican que la mujer hizo frente a los marinos y la tuvieron que dar de baja.

Aunado al silencio de la Marina la Fiscalía General del Estado (FGE), tampoco ha proporcionado un solo informe sobre lo ocurrido la madrugada del martes.

No ha confirmado los dos fallecimientos como consecuencia del enfrentamiento.

De hecho, no ha informado nada.

Y como consecuencia de ese silencio los rumores son muchos y hacen más daño que iba información oficial.

Como el de que en el Rancho El Muerto había un panteón particular donde estaría sepultado otro líder de organizaciones de roba gasolina.

Y es necesario que se aclare porque una intervención militar de tal magnitud debe de ser informada desde sus motivos, hasta sus resultados y, sobre todo, bajo qué orden se actuó.

Nos vemos cuando nos veamos.