México es una República constituida al amparo de una Carta Magna y consagrada en varios episodios de lucha armada e ideológica.

En gran parte de esa lucha, incluso desde el liberalismo republicano juarista, un riel importante sobre el cual se ha transitado, lo componen los principios de separación de poderes y el reconocimiento de la autonomía del mandato dentro de los órdenes de gobierno. Así, los estados de la República por efectos del mandato popular, es decir el voto de la gente, gozan dentro del pacto federal, de una semi autonomía en su actuar político, jurídico, administrativo y económico, con poder de decisión a favor del actuar local y que involucra la calidad de vida de poblanos, tabasqueños, jaliscienses, etc., conforme a las particularidades y circunstancias de su propio territorio.

Preocupa que en el nuevo esquema de gobierno propuesto por MORENA, exista una clara intención política de control a los estados, que va más allá de los argumentos en pro de la eficiencia administrativa. Veamos, la propuesta razona a favor de la desaparición de la figura de delegados federales de las distintas dependencias de la administración pública, y aporta una figura de supra poder radical en la persona de un “súper delegado” con vinculación directa al presidente, más no con una representatividad ganada por vías democráticas.

Coincido en que es deseable por supuesto la eficiencia en la administración, sobre todo en un escenario en donde los delegados en los estados muchas veces encontraron oficinas donde florecían los grandes negocios y se alcanzaba una personal y redituable relación con el titular del ejecutivo en el estado, incluso apegada más a los intereses políticos del gobernador en turno, que a los reales intereses de la nación.

Es cierto que contamos con aparatos burocráticos que se vuelven inoperantes o que se prestan al manejo de la política a través de programas que condicionan el otorgamiento del mismo a la afinidad en tiempos electorales. Es cierto por igual que de las cerca de 500 oficinas de delegaciones, bien podríamos generar reingenierías a favor de la operatividad efectiva e imparcial. Bien es cierto que en estados donde existen hasta 30 delegados, podríamos reconfigurar, sin embargo mi cuestionamiento versa en torno al tipo de mandato que tendrán los enviados del presidente.

Sin embargo, la vía de trabajo que se avecina, donde se contará con una operación concentrada de la totalidad de los programas federales, constituye un real mecanismo de control político de los estados, disfrazado de honestidad y eficiencia.

Si este último es el motivo real de la propuesta, es decir, que se administre el actuar federal traducido a programas y recursos con bases de transparencia y eficiencia, los perfiles requeridos tendrán que ser verdaderos profesionales de la administración y lejanos a intereses personales de futuro acomodo político. Por lo visto eso no ocurrirá. En el cuerpo de súper-delegados, están figuras que incluso compitieron para elecciones estatales, y por ello, mucho se pone en duda que solo quieran llegar a procurar orden y buena administración.

Hoy en día, con endebles candados para el sostenimiento democrático del país y ante un gobierno de nuevo cuño cuyo espíritu renovador, así como su necesidad de legitimar su actuar en políticas públicas efectivas, tenemos reales riesgos para la gobernanza en conjunto. Ahora que el propio gobierno federal entrante ha puesto en la mesa que el actuar de la administración pública federal sea sometido a consultas y escrutinios populares, habría que preguntar en conjunto si como país vamos a conceder nuevas capacidades a poderes paralelos a los de los estados, y si en verdad ello conviene en conjunto al funcionamiento de las entidades federativas y a la nación.

Muchas son las preguntas que surgen: ¿serán los súper delegados una especie de vicegobernadores con facultades de ejecución directa sobre recursos etiquetados?, ¿cómo operaría el esquema de federalismo fiscal en este escenario?, ¿incidirán de manera directa en la actuación estatal desdeñando el mandato popular?, ¿los gobernadores acordarán con ellos?

Si podemos resolver primariamente estas dudas, podremos tener mejores elementos para adoptar una postura que verdaderamente apoye la eficiencia y no lesione el pacto federal que a costa de pólvora y vidas en muchos casos, pugnó por una república de orden y derecho para quienes confiamos en la democracia.