El fenómeno migratorio sin precedentes que se vive en México está reconfigurando las distintas instituciones y organizaciones que tradicionalmente se habían encargado de atender el asunto.
Por igual, modela nuevos esquemas de opinión pública, participación y asistencia con respecto al tránsito de extranjeros por el país.
Desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente, con el anuncio de una política de fronteras abiertas, los desplazamientos de grandes grupos y caravanas provenientes de Centro y Sudamérica con dirección hacia Estados Unidos crecieron exponencialmente.
En octubre de 2018 los indocumentados detenidos en la frontera con México fueron 51 mil entre familias, adultos y menores no acompañados, cifra que se mantuvo constante hasta enero pasado. Ese mes, las capturas sumaron 66 mil 884, lo que significó un aumento de 31 por ciento, para marzo alcanzaron 92 mil 840; es decir, 44 por ciento más respecto de octubre. En abril fueron 99 mil 304 detenciones, y en mayo 132 mil 887.
Puebla no queda eximida de este contexto. Lo grave, más allá del tránsito inusitado de extranjeros, es la falta de seguridad y garantías a los derechos humanos que todo aquel que está en suelo mexicano, según el Artículo 1° constitucional merece.
Recientemente, el Comité Internacional de la Cruz Roja presentó su Informe Anual México 2019, donde señaló que en todo el territorio, pero principalmente en Puebla capital y Ciudad Serdán reportaron el mayor número de desplazamientos y desaparición de migrantes durante 2018.
En 2019, con el incremento migratorio, las cifras subieron alarmantemente. Para abril de 2019, se estimaba que cerca del 50 por ciento de los migrantes que pasan por Puebla, son captados por el crimen organizado que los extorsiona, los usa para trata de personas y los explota laboralmente.
Entonces, a la condena que el gobierno federal parece haber sentenciado sobre los migrantes al movilizar a cuerpos de la Guardia Nacional para que impidan el paso descontrolado hacia nuestro país, se le suma la ignorancia en la que los gobiernos estatales y municipales navegan, esperando que la problemática sea responsabilidad de alguien más.
Lo cierto es que es fundamental subrayar cuál es el verdadero problema: la migración no es un suceso, sino un proceso histórico, del que apenas alcanzamos a ver la punta del iceberg. Hablamos de un problema de política, no de cultura. De uno de seguridad, no poblacional.
Los números mostrados son pavorosos. Que nuestros gobiernos municipales, estatales y nacionales estén rebasados a efecto de impedir que grupos criminales violenten los más básicos derechos de los migrantes, que si no son ciudadanos sí son seres humanos, es intolerable.
Y más porque cuando hablamos de las caravanas migrantes, lo primero que puede venir a la mente es la imagen de cientos o miles de hombres y mujeres en edad productiva y condiciones físicas aptas, aunque en realidad vienen con ellos niños, jóvenes, ancianos y personas con discapacidad.
Según Disability Rights International para mayo de 2019 al menos 300 migrantes con discapacidad habían sido internados en diversos centros de atención con condiciones deplorables.
Datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla señalaron a finales del año pasado, que al menos 100 migrantes centroamericanos, entre ellos 65 menores de edad, habían sido secuestrados y vendidos por el crimen organizado.
¿Qué estamos haciendo? Por los resultados parece que no lo suficiente.
Gobernar requiere de una gran capacidad. Una gran responsabilidad. Con mano firme, pero decisiones enfocadas al bienestar. No sólo de los electores, sino de la población en general. Defender el Estado de Derecho y las garantías individuales debe ser la constante.
A veces se dice que tenemos el gobierno que nos merecemos. Los poblanos de la capital no merecemos una alcaldesa perdida en entuertos y desatinos. Que prefiera viajar a Europa cuando es incapaz de poner orden en lo que nos aqueja. Más que crítica, es un llamado de atención. Actuar es urgente. Por obligación. Por necesidad. Por humanidad.
