En un contexto nacional enrarecido por un gobierno adelantado a sus funciones, quien ha borrado el actuar institucional del actual, pero que por igual ha desatado frentes de polémica que incluso han cimbrado al mercado bursátil, encuentro un punto a analizar en la relación fuerzas armadas-ejecutivo federal, sobre todo cuando en potencia tenemos un mandato con tintes absolutistas y casi tiránicos.

Andrés Manuel en su ya tan controvertido estilo de mandar, parecería que ha roto de entrada con la tradición sucesoria en cuanto a escuchar al saliente general secretario, quien basado en un análisis de méritos y antigüedad en el servicio, propone al entrante ejecutivo una terna con perfiles idóneos para la ocupación del nuevo encargo.

En el Ejército, la tradición sobre el respeto a la antigüedad de grado es algo que no admite más que el respeto, sin embargo, en este particular nombramiento (no en el caso de la marina), muchos generales de mayor trayectoria, no fueron tomados en cuenta como lo fue el nombrado Secretario de la Defensa Nacional.

Una entrada si bien no de ruptura, pero sí dentro del viraje acostumbrado de Andrés Manuel por hacer las cosas a su modo. Pero no solo entramos a una cuestión de meros estilos, si no situaciones de fondo que dejan al Ejército mexicano en la incomodidad y la incertidumbre.

Me refiero a tres cuestiones en particular: al planteamiento para la desaparición del Estado Mayor Presidencial, a la posible fusión de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina (planteada ya por Morena) y las condiciones de familias de militares afectadas por el proyecto de Santa Lucía.

Vamos por capítulos. En un primer término, el borrar de un plumazo la existencia de un cuerpo especializado de proximidad a un poder constituido como lo es el poder ejecutivo federal, no solo representa la populachera decisión por cubrir al ejecutivo de sencillez y cercanía con el pueblo.

Es la abolición de todo un sistema de élite escalafonario que en las fuerzas armadas constituye un verdadero cause aspiracional para la mejora y el esmero en el desempeño. Esta es una medida que devolverá cerca del 30 de noviembre, a casi seis mil elementos para reincorporarlos a la defensa o a la marina. Estamos hablando de mil 869 elementos que laboran en labores administrativas, así como de 4 mil 445 elementos adscritos a los guardias presidenciales. El asunto no es tan sencillo. Además de lo mencionado, existe un complejo esquema de homologaciones sobre percepciones y prestaciones que vienen a reconfigurarse con solvencia de fondos públicos, viene por igual el acomodo en el cumplimiento de tareas idóneas lo cual se agrava cuando la arquitectura nacional tiene aún en dictaminación por la Suprema Corte de Justicia, la Ley de Seguridad Interior, que vendría a ser un instrumento para evitar el mal uso de las instituciones en caminos coyunturales o peor, caprichosos.

Y un último elemento de análisis a este primer rubro, debemos tener claro que ya el argumento de que “el pueblo me protege” no es responsable por ningún ángulo. Lo que le pase al presidente de la República, le pasa a la nación en su conjunto.

Me inquieta la concentración del poder sin contar con los equilibrios necesarios. De ahí, para pasar al segundo punto, es donde la creación de un supercuerpo militar y de vigilancia aterrizado en una  guardia nacional es preocupante. 240 mil soldados, 50 mil marinos y posiblemente fuerzas estatales y municipales de seguridad, propone un mega cuerpo que no repara en la coordinación de funciones y facultades para lo cual se requiere aún un largo tramo de análisis.

De hecho, ni Alfonso Durazo ni Olga Sánchez han siquiera iniciado la discusión para tales temas.

Finalmente una cuestión que tiene puntos de contacto con la ya tan afamada y multicitada cancelación del proyecto de Texcoco. Me refiero a cómo cambiará la vida en una zona habitada por militares destacados en la base militar de Santa Lucía, nuevo destino del proyecto aeroportuario López-Obradorista. En esas dos mil hectáreas hay unidades habitacionales, banco, escuelas, museo y además, lo más importante, ahí viven y conviven cerca de tres mil familias de militares. ¿Existen proyectos de compensación de funciones y de vida para los militares y sus familias ante el inminente arranque de obras en aquella locación? Parece que no estructuradamente.

En suma, la relación de las fuerzas armadas con el ejecutivo siempre han estado revertidas de una enorme institucionalidad. ¿Vale la pena entrar en diferendos que tienen origen en la necia forma de mandar? Creo que el presidente entrante mucho tendrá que trabajar para convencer y sostener a un Ejército al que nada le impediría en algún momento decir: No señor Presidente, por ahí no transita la patria.