Muchos medios lo dijimos pero al parecer las denuncias periodísticas no fueron suficientes para tomar cartas en un asunto que ahora regresa a las agendas mediáticas: Rafael malbarató o regaló varios predios e inmuebles durante su administración generando un perjuicio enorme e irreparable a las finanzas públicas de Puebla.

Por suerte, ahí están en las hemerotecas –digitales y físicas- las notas, los reportajes y documentos que prueban esta práctica que benefició a amigos y proveedores del morenovallismo.

El terreno de Puebla Comunicaciones –antes SICOM- que fue vendido muy por debajo de su valor y que hoy tiene en jaque la operatividad de la televisora estatal, porque el inmueble estatal tras la transa-acción se quedó sin estacionamiento ni entradas directas.

La venta del espacio ubicado en una de las zonas de mayor plusvalía de la Angelópolis repitió los mismos chanchullos que otras negociaciones realizadas en la administración de Moreno Valle. Aquí algunas irregularidades.

El metro cuadrado le costó a los compradores unos 8 mil pesos, aunque los evaluadores señalan que ese espacio tiene un precio entre los 16 mil y los 24 mil pesos, es decir, dos o tres veces más de lo que se pagó.

Agregue que el terreno de más de 15 mil metros cuadrados se vendió casi en lo mismo que fue evaluado. La “ganancia” que obtuvo el estado de Puebla por la entrega de ese espacio fue de apenas 286 mil 965 pesos; es decir menos de 300 mil pesos.

Asimismo la empresa que “adquirió” el terreno, Grupo Comercial Bisterra, S de RL de CV, se constituyó en agosto de 2015, unos siete meses antes de que la firma se desprendiera de 124.1 millones de pesos. Resulta muy difícil entender cómo en medio año una empresa logra la estabilidad financiera necesaria para desembolsar más de 120 millones de pesos.

  • Desde 2014 denunciamos

El 31 de octubre de 2014, en este mismo espacio le conté que la construcción de lo que hoy es Acrópolis se realizaba sobre un terreno de 21 mil 500 metros cuadrados que Rafael malbarató:

“Fuentes de la Secretaría de Finanzas confiaron a Intolerancia Diario que el valor catastral del predio es de mil 700 pesos por metro cuadrado. 

“Sin embargo, el morenovallismo venderá cada metro cuadrado en tan sólo mil 100 pesos, es decir, 600 pesos menos por cada metro cuadrado.

“La empresa comprará 21 mil 500 metros, lo que significa que el gobierno estatal le regalará 12 millones 900 mil pesos. Eso sin contar que debería ser vendido a valor comercial.

“Y fiel al estilo del gobierno morenovallista, en todo este proceso de venta del predio existe una serie de irregularidades y nadie es capaz de frenarlos. Ni los diputados locales”.

 

  • Casi 50 transacciones, la mayoría en opacidad

 

Insisto, el caso de Puebla Comunicaciones no es el único. En mayo de 2017, la reportera Mónica Camacho publicó en La Jornada de Oriente que al menos una decena de inmuebles y activos fijos del Estado se habían vendido muy por debajo de sus precios reales, en muy poco tiempo, a empresas de reciente creación y algunas de ellas con representantes o integrantes que también eran proveedores del gobierno morenovallista.

En dicho material, se ofrecieron nombres, cifras, fechas y nexos que por sí solos permitían a cualquier interesado confirmar que las transacciones eran irregulares o por decir lo menos, se debía revisar cuáles fueron las condiciones con las cuales los poblanos perdieron más de 40 millones de pesos.

Y ojo, en ese mismo reportaje, se desprende un dato que debería alarmarnos más. La investigación sólo pone luz en 17 negociaciones pese a que para esas fechas, los agachones diputados aprobaron más de 48 enajenaciones -entre 2012 y 2016-; como bien supone, el resto de los contratos de compra-venta se encuentran “reservados”.

Dicen que más vale tarde que nunca y ahora que se están revisando las letras chiquitas de los contratos habría también que recordar que si bien se puede señalar a Rafael como el autor intelectual, hay muchos exsecretarios y funcionarios públicos que deberían ser llamados ante la justicia para que den verdaderas explicaciones o bien para que paguen por el daño patrimonial que causaron al estado que juraban defender.