Hay más fondo en el uso de los 36 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Administración autorizó para el financiamiento del Smart City Latam Congress 2019.
Frente a los más de 3 mil 790 millones de pesos que el Congreso local autorizó para medidas contingentes, la suma destinada a la organización del encuentro de especialistas en el desarrollo amigable de urbes en el mundo, no es en realidad significativa.
Más que el discurso por el uso discrecional del dinero público, lo que subyace en la diatriba con la que se cerró la agenda política de la semana previa es una concertación política que involucra a cabezas de grupo con propósitos de reposicionamiento electoral hacia 2021, año en que serán renovadas las alcaldías de Puebla, entre ellas la capital.
Extinguidas las posibilidades de que Claudia Rivera Vivanco se reelija por el mal desempeño que ha realizado al frente del gobierno de la ciudad, la presidencia municipal de la capital se convirtió en un apetitoso bocado político.
Los acuerdos debajo de la mesa no son ajenos al gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta y del presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla. Eso explica la virulencia con la que el líder del Congreso exigió una explicación del titular de Finanzas y Administración, Jorge Estefan Chidiac.
Ahora se sabe que Chidiac no hizo más que ejercer un recurso público para un evento previamente programado según las líneas de mando establecidas por acuerdos cupulares.
Eso lo libra de culpa alguna de la idea de promover a su concuño, el ex gobernador Gali con quien no existe relación cordial alguna, pero en cambio se consiguió un propósito ulterior: poner luz sobre lo que parece un doble discurso en un sector de la poderosa coalición Juntos Haremos Historia.
El promotor detrás del Smart City Latam tiene nombre y apellido. Influye además en un grupo compacto que se hace llamar los ‘primachos’ integrado por jóvenes empresarios como Bernardo y Arturo Fernández, Isidoro Alonso y Adrián Tame.
Alonso por ejemplo, operó desde una oficina en el edifico Diana de la avenida Juárez para ‘promover’ a 900 mil posibles votantes en la elección extraordinaria, junto con otros personajes menores. Intención que fracasó apenas de conocieron los resultados de esos comicios.
La historia no termina con el plumazo con el que el inexperto Fernando Jara presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, pretendió borrar el expediente por una razón elemental: no es el dinero, sino la intención política de sellar acuerdos para competir por la candidatura a la presidencia municipal en 2021.
Barbosa y Biestro ya lo tienen en el mapa. La idea de pactar acuerdos previos unilaterales con grupos antagónicos a la Cuarta Transformación para la sucesión en el Palacio de Charlie Hall sin el consenso interno, encendió luces de alerta porque existe la convicción de desmantelar la estructura en el aparato gubernamental que heredó el morenovallismo. La tarea va.
