Las actividades de los periodistas y defensores de los derechos humanos deben ser protegidas por los gobiernos, pues se trata de actores fundamentales para un Estado democrático y de derecho. La violencia contra ellos tiene profundas raíces y es necesario impulsar cambios estructurales para atajarla.
Evidentemente, la libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos, pues se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en América. Actualmente, se presentan situaciones de hostigamiento, amenazas, actos de intimidación, campañas de desprestigio y/o criminalización en contra, el riesgo es inminente y no podemos permitir más pérdidas.
De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas, en 2018 se reportó un alza de violencia hacia periodistas y defensores en el territorio mexicano, hombres y mujeres, entre los que se reportaron a ocho indígenas.
Nuestro país y Afganistán fueron las dos naciones más golpeadas por los asesinatos de comunicadores durante los dos últimos años (2017-2018: ONU), lamentablemente este tema va entrelazándose con otras violencias como la violencia de género, aumentando la violencia contra mujeres periodistas y defensoras.
México cuenta con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada en 2012, cuya finalidad es garantizar la integridad de quienes se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión o el periodismo en México, a partir de dicha Ley se crea el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La Ley, de observancia general en toda la República señala en su artículo primero que ésta tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
En sus artículos 46 y 47, la Ley establece la celebración de convenios de cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para el desarrollo de acciones conjuntas para facilitar la operación eficaz y eficiente del mecanismo de protección mediante: I) La designación de representantes que funjan como enlaces; II) El intercambio de información de manera oportuna y de experiencias técnicas del Mecanismo, así como para proporcionar capacitación; III) El seguimiento puntual a las medidas previstas en la Ley en sus respectivas entidades; IV) La promoción del estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, acciones, sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de prevención y protección; y V) La promoción de las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
La garantía y respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno y su articulación para el logro de este objetivo es un mandato constitucional. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades, de todos los niveles, están en la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la misma, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y bajo el principio pro persona, es decir interpretando las normas relativas a los derechos humanos de manera que se favorezca en todo momento la protección más amplia para las personas.
Si bien damos cuenta sobre la persistencia de la violencia y agresiones contra los periodistas y defensores de derechos humanos en México; para este año el Mecanismo Federal de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas cuenta con un presupuesto de 207 millones de pesos y se buscará el perfeccionamiento de la metodología del análisis de riesgo, la transición de un modelo de protección a uno de prevención, la transversalización de la perspectiva de género en el actuar del Mecanismo, la generación de un catálogo de medidas de prevención y protección ante agresiones digitales, la interacción con las organizaciones de sociedad civil, la elaboración de un esquema de comunicación estratégica que difunda el Mecanismo y el fortalecimiento de la coordinación con las Unidades Estatales de Protección.
Lo anterior da muestra de las estrategias y medidas para continuar en el camino de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y prensa.
