El estado de Puebla ha sido caracterizado desde hace algunas décadas por ser una de las entidades donde se cometen más linchamientos y eso es por desgracia, reflejo de la impunidad y hasta de la inacción de las autoridades.

Si bien el tema puede remontarse 51 años, al 14 de septiembre de 1968, cuando cinco trabajadores de la UAP fueron asesinados en Canoa por los pobladores tras ser acusados de comunistas, preferiría centrarme en casos más recientes.

En octubre de 2015, durante el gobierno de Rafael Moren Valle, dos personas fueron víctimas de un juego de palabras que les costó la vida. En Ajalpan los pobladores confundieron a los encuestadores con presuntos secuestradores y la falta de verdaderos protocolos de acción permitió que los hermanos Copado Molina fueran lentamente quemados en una plaza pública mientras los policías, a distancia, veían la masacre.En ese tiempo denuncié la falta de empatía del Señor de los Cerros así como de un verdadero adiestramiento a las fuerzas del orden social, en la entrega del 23 de octubre de 2015, titulada: El drama de Ajalpan visto desde Casa Puebla.

“Los hechos de Ajalpan no son casuales, la falta de gobernabilidad es un tema que no se resuelve desde un escritorio y menos cuando el titular de la SGG no tiene ni la más mínima idea de lo que sucede en los municipios de Puebla.

“Moreno Valle decidió gobernar Puebla sin poblanos y este es el resultado de tener de encargado de despacho a Jorge Benito Cruz, en la Procuraduría a Víctor Carrancá y en Seguridad Pública a Jesús Rodríguez Almeida, todos venidos de fuera y con el mismo perfil arrogante y represor”, señala la citada Contracara.

Hoy, casi cuatro años después las cosas no son muy distintas. Aunque los organismos nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierten cuáles son los municipios en donde más intentos o linchamientos se han cometido, los homicidios disfrazados con el eufemismo de “justicia por propia mano”, continúan.

La muerte de seis personas ayer, cinco de ellas linchadas en Cohuecan, reitera que los focos rojos en  materia de seguridad e impartición de justicia en Puebla continúan, la alerta es clara: la población está harta de la inseguridad.

Si bien es de reconocer que en esta ocasión el gabinete tomó las riendas de la primera crisis en el naciente gobierno de Miguel Barbosa, también debemos subrayar que el reto es enorme.

En la rueda de prensa se informó que los cuerpos de seguridad llegaron al sitio, que se intentó negociar directamente con los incitadores y al final, que falló la misión y no se logró el rescate de los retenidos. Delicado, muy delicado que los uniformados y sus mandos aún no tengan claro cómo operar para evitar los asesinatos.

Me queda claro que no sólo hace falta depurar y capacitar a las corporaciones de seguridad, también urge que la ciudadanía recupere la confianza en el sistema de justicia y claro está, reconstruir el tejido social; ninguna de estas tareas se antoja fácil, pero quienes hoy nos gobiernan conocían el diagnóstico.

Al margen de los resultados que arrojen las investigaciones sobre la responsabilidad penal o no de las cinco personas linchadas, también habrá que comenzar a sancionar a quienes incitan o aplauden estas prácticas que justificadas en “el pueblo sabio y bueno” terminan por cometer homicidios.

  • Ser preso político del morenovallismo

Hace una semana para ser exactos, Miguel Barbosa rindió protesta y se comprometió a revisar los casos de los presos políticos del morenovallismo que aún siguen en la cárcel; en ese momento también habló de la amnistía. Esperemos que además de la revisión de expedientes, el gobernador vaya a fondo pues es claro que hubo un brazo que ejecutó las 300 órdenes de aprehensión y sobre todo que fabricó los delitos.

Pedro Barojas Gutiérrez el 25 de octubre de 2011 inauguró la triste lista de más de 300 personas que fueron detenidas por cuestiones políticas por la dupla Moreno Valle - Carrancá Bourget. Durante una plática con Intolerancia Diario, Barojas Gutiérrez señala un hecho que generalmente no tomamos en cuenta, la tortura a la que son sometidas las familias mientras los presos políticos están privados de su libertad.