Durante dos años José Francisco abusó de una menor de edad, hija de Francisca, su pareja sentimental. El horror tiene nombre porque los abusos del padrastro fueron cometidos con el consentimiento de la madre.

Ambos fueron vinculados a proceso y prisión oficiosa por la Fiscalía General del Estado con base a una reforma al artículo 19 constitucional que entró en vigor apenas en abril de este 2019. La pareja siniestra podría enfrentar cárcel por cinco años, si es que la Fiscalía no comete imprecisiones que afecten el debido proceso.

Sin embargo, será difícil que la pequeña víctima de los depredadores sexuales recupere su infancia y el crecimiento armónico como se supone garantiza el Estado Mexicano.

Y es que nunca la sociedad y clase política había dado muestras tan palpables de padecer una enfermedad crónica y hasta endémica. Frente a la desgracia que supone vivir en un ambiente hostil que afecta directamente a nuestra infancia, el silencio.

Apenas esta misma semana se supo de la detención de los padres de otro menor de edad, con apenas 18 meses de edad víctima de estrangulamiento. Los padres fueron detenidos y presentados por su probable responsabilidad en el homicidio del niño, cuya vida fue frustrada por alguna patología de sus progenitores.

La distancia que media entre el domicilio en el que la menor padeció de los abusos sexuales y el bebé muerto, Bosques de Santa Anita y San José los Cerritos en la capital del estado, es de 15 minutos, unos 10 kilómetros de distancia, en el oriente de la ciudad.

En el tiempo y la distancia, ambas demarcaciones están a cientos de años Luz del discurso político de una clase omisa e insensible. Es como si los hechos documentados no hubieran existido por un gesto indescriptible de dirigentes, partidos, legisladores e instancias gubernamentales responsables de atender a la niñez.

Del caso de Tetela de Ocampo en el que tres mejores de edad fueron envenenadas, que resultó con una menor en estado de coma, ya ni decir. A 160 kilómetros de distancia de la capital será aún más difícil que la justicia alcance al potencial homicida que todo apunta, se trata del padre, ausente desde hace tres años según relató la madre de las niñas, Rosa Corona.

Cinco casos de agresiones directas que dieron como víctimas mortales a igual número de niños y niñas no han sido suficientes para esbozar una condena de la sociedad y clase política, sorda, muda, omisa y cómplice.

En mala hora una desgracia anómala como las de esta crónica toque a nuestra puerta.