El Partido Acción Nacional en Puebla se ha beneficiado de los concesionarios de transporte público hasta cuando fue echado del poder en la elección de julio pasado, con el resultado de la elección extraordinaria que dio como resultado el triunfo del Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados.

La postura pública de condenar el inminente aumento a la tarifa de transporte público en los próximos días, tras un presunto acuerdo con los prestadores de ese servicio que habría quedado en 8.50 pesos, es oportunista y llena de mala fe por las pruebas documentales que ya se conocen.

Desde que el extinto Rafael Moreno Valle arribó al poder en 2011 comenzó una relación de componenda con los líderes del pulpo transportista a través de un operador de línea dura como Carlos Blanco. Los líderes que se oponían a las formas del nuevo mandatario eran persuadidos por las buenas, o por las malas.

Ahí están como ejemplos las cabezas que rodaron cuando se impuso la línea 1 y 2 del Sistema de Transporte Articulado. No eran los tiempos de discutir una medida impuesta por un grupo que tenía como meta principal hacer Presidente de la República a un mandatario como Moreno Valle.

El retiro de las rutas originales fue llevado a cabo con las prácticas más duras del Estado, muchos de los protagonistas de la época tuvieron que callar a fuerza de intimidaciones, amagos y hasta con costos más altos.

La viuda de un chofer de taxi ofreció al autor de La Parabólica un expediente judicial que sugería que la muerte de su marido había sido el pago de la factura por la oposición que había manifestado como concesionario de transporte a la implementación de RUTA. Como mensaje sombrío habían colocado en el tablero del auto de alquiler el casquillo de la bala con la que lo habían ultimado.   

La indagatoria en la ex Procuraduría General de Justicia en el Estado no avanzó. Muerto el jefe de la familia en ese 2012 y con un ex procurador Víctor Carrancá abyecto al poder del mandatario aquel, fue imposible ratificar o desmentir la duda de la familia del difunto que tuvo que tragarse su indignación. 

En tiempos de política electoral los concesionarios de transporte público también recibieron promesas sin freno. Así ocurrió con la elección de gobernador en el proceso intermedio de 2015; luego en 2017 y también en 2018.

En todas se les ofreció autorizar el incremento a la tarifa de transporte público para premiar lealtades. Cuando la palabra empeñada no era cumplida curiosamente comenzaban a circular unidades de transporte pirata, lo que alimentaba las versiones de que a cambio de no incrementar el costo del boleto, se dispensaba la existencia de rutas fake.

No es desconocido el pasaje en el que los gobierno de Antonio Gali y Guillermo Pacheco Pulido padecieron de presiones para autorizar un incremento que había pactado el morenovallismo y que nuevamente fue incumplido. Eso no lo dirán en Acción Nacional por conveniencia política.

El gobierno de Miguel Barbosa deberá pagar la impopular medida de pactar una nueva tarifa al costo del boleto de transporte público. El servicio ofrecido a los usuarios es deficiente, inseguro y en algunos casos, deshumanizado con operadores sin capacitación.

Si esas condiciones anómalas mejoran podrá medianamente librar la factura popular que antes evadió el gobernador que un día quiso ser presidente de México.