El gobierno de Puebla siempre estuvo al tanto del clima opinión negativa sobre el inminente anuncio del incremento a la tarifa de transporte público que comenzará a aplicar a partir del sábado 12 de octubre, el próximo sábado. Aun así decidió tomar la decisión ante el riesgo de un colapso de la propia red de transporte que cubre a la capital y su zona metropolitana.
De acuerdo con un documento de circulación interna en la Secretaría de Transporte, elaborado en el área de Movilidad a la que el autor de la columna tuvo acceso, el 39 por ciento de las 5 mil 633 unidades no cumplen con la antigüedad.
En el apartado denominado Repercusiones, se preveía que el incremento sería interpretado como un gasto familiar adicional, y en consecuencia, ‘descontento social’ y la activación de colectivos o a la comunidad estudiantil y ‘posibles manifestaciones contra el incremento’.
Este escenario es el mismo que privó en otras administraciones que decidieron incumplir sistemáticamente promesas con el gremio de concesionarios, para evitar pagar facturas políticas con eventuales repercusiones en las aspiraciones ulteriores de quien tomó el poder para el ejercicio de manera unipersonal.
No obstante los escenarios de riesgo, el análisis establece que la ‘generalidad de los usuarios está de acuerdo con un incremento a la tarifa del transporte público’ y que lo condicionan a la ‘mejora del servicio: actualización de las unidades y eficientar la atención por parte de los operadores’.
El documento lleva como título ‘Análisis tarifario del Transporte Público’ en el que se puntualiza que el número de viajes que se efectúan al día en la ciudad de Puebla es de 3.5 millones de viajes, de los que 1.6 millones lo hace a través de las unidades de transporte concesionado.
Aunque ya se dejó en claro que habrá tarifa preferente para personas adultas mayores y gratuidad para quien tenga alguna discapacidad física, terminó por desestimarse la probabilidad de conceder un costo preferente para la comunidad estudiantil.
‘19 por ciento de los viajes son por motivo de estudio. Para una tarifa preferente del 50 por ciento, la tarifa general debería aumentar a $9.00 y para una gratuidad en la tarifa, el costo general debería aumentar a $10.00’. A partir de ahí se desechó toda posibilidad de ubicar como preferente a los estudiantes en el espectro de los usuarios.
Las variables para entender la nueva tarifa a partir del próximo sábado están en el apartado ‘tipo de costos’, ‘combustibles’ e ‘inflación’ en los que se establece que el principal gasto corriente se va en gastos fijos, administrativos y de capital; además que en los últimos ocho años el costo del combustible se disparó un 142 por ciento, mientras que el índice inflacionario fue en ese mismo periodo, de 142 por ciento.
Una variable que no se advierte en el análisis elaborado en la Secretaría de Transporte es el eventual incumplimiento de los compromisos de parte de los concesionarios. Aunque ya se advirtió del retiro de los títulos de concesión, la experiencia empírica demuestra que muchos de los empresarios del transporte carecen de palabra de honor.
En febrero se verá si los compromisos son serios, o se pone a prueba la capacidad del gobierno para imponer las reglas del juego.
