La mejor manera de concentrar el poder es debilitando a las instituciones y pareciera que esa es la intención de los diputados locales de la Cuarta Transformación que lejos de realizar procesos históricos que premien a los mejores perfiles, continúan con las mismas prácticas que tanto le criticaron al morenovallismo.

A pesar de que los diputados tuvieron en sus manos más de una veintena de currículos para elegir al mejor defensor de los derechos humanos, pareciera que simplemente acataron órdenes y al peor estilo, levantaron el dedo de manera uniforme incluso cuando se les advirtió que Félix Cerezo no era el más indicado, que incumplía con requisitos legales.

Fue tanta la necedad de los legisladores, que hasta modificaron la convocatoria y se inventaron calificaciones “cualitativas” para ayudar al seleccionado.

La designación de Cerezo Vélez al frente de la Comisión de Derechos Humanos debilitó, aún más a un organismo que ya arrastraba el lastre del descredito por sus cercanos vínculos al morenovallismo.

Y todo parece indicar que los diputados, en su mayoría de Morena y partidos afines, repetirán los vicios en la selección del hombre que será el Auditor Superior del Estado por los próximos siete años.

La terna presentada —Francisco Romero Serrano, Juan Carlos Díaz Carranza y Salvador Sánchez Ruanova—, fue filtrada desde la noche del lunes pasado, sin embargo el presidente del Congreso, Gabriel Biestro insistió en que no había ningún consenso entre los coordinadores parlamentarios y que ayer martes continuarían con las deliberaciones.

Ese mismo discurso lo sostuvo durante la mañana de ayer, aunque él y los otros nueve representantes ya habían firmado el acuerdo en el cual se incluye la terna que este miércoles será presentada al pleno y de la cual se espera —si no hay ningún sobresalto—, que salga triunfador Francisco Romero Serrano.

Al margen de las buenas las cartas credenciales del contador Romero, el tema de fondo es el mismo que en la selección del ombudsman, no se realizó un debido proceso. La selección de la terna y del titular debilita no sólo a quien llegue en medio de señalamientos si no también –y eso es lo más grave- a la institución que representarán.

Un Auditor desgastado antes de llegar

Aquí le compartimos una pequeña reseña de cada uno de los tres aspirantes al puesto de Auditor Superior. Lamentablemente, ha sido tan grande el desgaste mediático de la terna, que su currículo pasa a segundo término, aun así repasemos esta tercia.

Francisco José Romero Serrano fue presidente del Colegio de Contadores Públicos, también del Consejo de Organismos Empresariales (COE). El aspirante tiene probada experiencia de más veinte años en la fiscalización de la cuenta pública del Estado. Sin embargo, entró en conflicto con el Colegio de Contadores de Puebla al que renunció. Fue impulsor de la candidatura de Luis Miguel Barbosa desde 2017 y ha sido un duro crítico del morenovallismo.

Salvador Sánchez Ruanova es integrante de la Asociación de Contadores Públicos del Estado de Puebla. El aspirante pertenece a una organización que otorgó certificación del TLC sin evaluaciones. Es sobrino del ex contralor en el gobierno de Mario Marín, Víctor Manuel Sánchez Ruíz.

Y el último de la terna es Juan Carlos Díaz Carranza, egresado de la Facultad Derecho de la Universidad Iberoamericana en Puebla, con maestría en economía en la UNAM. Actualmente se encarga del Instituto de Capacitación de la Auditoría Superior de la Federación, donde ha desarrollado su carrera como auditor. Se han cuestionado los cargos que dijo haber ostentado en su CV y se puso en duda su condición de vecindad poblana.

Al final, uno de ellos será el nuevo auditor, con ventaja para Francisco Romero.

10 mil poblanos sin chamba

Independientemente de las razones que hayan movido al gobernador para determinar el despido de 10 mil trabajadores del Gobierno del Estado, la realidad es que estamos hablando de un tema de fuerte impacto social.

El anuncio del despido de 10 mil burócratas en los próximos días debe llevar a la reflexión, sobre todo por lo que representa para la economía de Puebla, ya que de acuerdo con datos del IMSS al mes de junio se habían creado en el país 289 mil empleos directos, si dividimos la cantidad entre los 32 estados del país a cada entidad le corresponden 9 mil.

Se dice fácil, pero históricamente, cuando venían las amenazas de huelga en la armadora poblana, se decía que cuando a la VW le daba gripa, a Puebla le daba pulmonía.

Y comparado con el caso Puebla, 10 mil familias sin ingresos podrían generar una crisis económica con las consecuencias naturales de esto: crecimiento del comercio informal, desbandada de migrantes a Estados Unidos y sobre todo, aumento de inseguridad.

Esperemos que la política de adelgazamiento de la estructura de gobierno, vaya acompañada de una política de generación de empleos en el sector privado que compense el número de plazas canceladas.

Lamentablemente, a este anuncio se suma el rumor de que AUDI podría entrar en paro técnico y que el IMSS no registra un fuerte crecimiento laboral.

Si bien es cierto que debe haber muchos simuladores, aviadores y holgazanes en las filas de la burocracia poblana, aunados a operadores políticos del morenovallismo y demás beneficiarios, me parece que despedir a 10 mil es un tema que se debe analizar muy a fondo.

Sobre todo porque en este tipo de despidos masivos, terminarán pagando justos por pecadores.

Ni más, ni menos.