Este viernes los diputados locales habrán de aprobar el primer presupuesto de Miguel Barbosa, aunque se trata del segundo año en que el legislativo actual realiza este ejercicio, las fallas y hasta los vicios podrían acarrear severos problemas que desde hoy, anticipamos.

El monto final superará los 95 mil millones de pesos, tendrá una división importante en lo que hoy llaman Bienestar, que antaño fue conocido como Desarrollo Social. Los más de 10 mil 500 millones de pesos que ejercerá la Secretaría estatal tienen un Talón de Aquiles.

Nadie puede negar que en Puebla urge apoyo y programas que impulsen a los y las poblanas, sobre todo a quienes se encuentran con mayores carencias, sin embargo la entrega discrecional de recursos será, por mucho, la mayor dificultad que afrontarán en unos meses las administraciones locales y federales.

Aunque la oposición federal y estatal ha denunciado que los recursos para los apoyos sociales, que algunos también califican como clientelistas, carecen de reglas de operación, a los diputados lopezobradoristas de Puebla, no les pareció importante ajustar ese detalle en la Ley de Egresos y decidieron salirse por la tangente con el argumento simplón de que se tratan de recursos que en su mayoría están etiquetados por la federación.

Pareciera que las bancadas de Morena, PT y el PES en Puebla olvidaron que precisamente esa es una de sus tareas: revisar y asignar las partidas presupuestales.

¿De verdad creen que el pueblo bueno y sabio que mira AMLO podrá aplicar transparentemente y de manera honesta los recursos que reciban directamente?, ¿Cómo se repartirán los miles de millones de pesos si no tenemos algo prioritario, las reglas del juego?, ¿Cómo justificarán ante la Auditoria Superior del Estado y ante la Auditoria Superior de la Federación que el recurso se entregó a tal personaje porque lo requería más que otro o que sí se aplicó en lo que se dijo que se utilizaría?

Y es precisamente aquí donde los dolores de cabeza comenzarán. Sin ser adivino, les puedo adelantar que al no tener claro a quién, bajo qué razones y para qué se le está entregando dinero público, las administraciones local y federal tendrán severas complicaciones para comprobar el gasto.

Bien harían los diputados locales en no repetir los errores de la federación y ponerse a delinear con total claridad cuáles son los criterios que se requieren para que un ciudadano acceda a tal o cual programa y ya de paso, evaluar cuáles de estos apoyos realmente servirán para apuntalar el progreso y sacar de la pobreza a los poblanos.

Lo dicho, el problema no radica en la repartición del erario, el detalle es que la entrega del dinero se realiza con vicios de opacidad. Exactamente igual que en los tiempos en que otros departían el pastel de manera discrecional ¿No que la Cuarta Transformación era diferente?

Tic, tac, Tic, tac

Ayer se cumplieron dos meses del aumento en la tarifa del transporte público. Faltan 60 días, la mitad, para que venza el plazo que fijó la Secretaría del Transporte para lograr la modernización de al menos 40 por ciento del parque vehicular. En las próximas 8 semanas también habrá de darse la instalación de cámaras, botones de pánico y una serie de medidas más para mejorar la seguridad.

De lo contrario, dijo el secretario Guillermo Aréchiga, “se retirarán los vehículos y se revocará la concesión si es el caso, como dicta el artículo 141 de la citada ley”.

¿Recordarán los concesionarios sus las promesas, será la autoridad capaz de promover el cumplimiento de estas?

Veremos y diremos