La junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan se ha convertido en un reguero de cadáveres y escena de hechos violentos que obliga a revisar la estrategia de combate a la seguridad en el ámbito municipal y del estado.

De septiembre a febrero al menos nueve ejecutados han sido contabilizados por la prensa —que todos los días de cuenta del saldo de la violencia y la criminalidad—, entre quienes destacan mujeres y hombres

A principio de septiembre de 2019, a un costado de la subestación de CFE fue encontrado el cuerpo de un hombre maniatado y con un tiro en la cabeza. El 12 de septiembre, desde un auto en movimiento fue arrojado el cuerpo de un hombre de entre 35 y 40 años. En la Noche Mexicana fueron arrojados dos cadáveres en la colonia Agrícola Oriental en Barranca Honda y el 23 del mismo mes, los restos de un hombre eran devorados por perros en la colonia Los Cerritos, era el cuerpo de otra víctima dejada en las deportivas, envuelto en bolsas negras.

En noviembre parecieron repetir la dosis: un hombre de entre 35 y 40 años fue ejecutado de dos impactos de bala, sus victimarios huyeron a bordo de una motocicleta y el último día de ese mes una mujer fue encontrada sin vida envuelta en una cobija, estrangulada.

El más reciente fue el jueves 20 del mes en curso con el caso del empresario tortillero, a quien le cobraron la afrenta de resistirse al pago por derecho de piso —nombre que recibe la cuota de un impuesto que la delincuencia impone a cambio de permitir el trabajo de actividades productivas y legales—.

La debilidad institucional ante la presencia de grupos que aplican el cobro de piso en una zona de notable actividad comercial y empresarial en torno a la central de abasto —junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán—, en los límites entre Puebla y Tlaxcala, se hizo aún más notable con el silencio de la presidenta municipal, Claudia Rivera; su secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo y de la titular responsable de prevenir el delito, María de Lourdes Rosales.

“... respecto de los hechos relacionados como el cobro de piso —con la ejecución de una hija del empresario que sufrió el atentado—, son grupos criminales que se desarrollaron (en el pasado) y que estamos desmantelando”, dijo Miguel Barbosa, el gobernador que ha puesto el acento en el combate a la corrupción policial y a la delincuencia como factor para el desarrollo estatal.

“¿Qué hago, vestirme de Superman? No puedo, yo hago mis reportes, llega una “patrullita”, da una vuelta, hace un operativo, el mismo delincuente corre la voz y se esconde”, respondió desesperado el presidente de la junta auxiliar, Paulo César Morales, que previamente había dicho que los grupos delictivos imponen toque de queda con disparos al aire.

Envuelto en un manto de anomia ante diversos desórdenes que ya padece la capital —este sábado a las 18:00 horas, ocho sexoservidoras y todo lo que esta actividad conlleva, ofrecían sus servicios en la 5 Norte y 8 Poniente, en el Centro Histórico—, para el secretario de Gobernación del municipio, René Sánchez Galindo, las expresiones del presidente de Xochimehuacán obedecen a que la autoridad electa, “no tiene mucha experiencia”.

Hace dos semanas un ex mando de la Secretaría de Seguridad hizo un diagnóstico preciso: en el municipio ciertamente se dejó de imponer cuotas a jefes de sector, comandantes y uniformados en patrullas y motopatrullas, pero la práctica entre jefes de sector y la tropa por la dádiva, extorsión y tomar dinero sucio de la maña no terminó.

El dinero fácil se quedó en unas manos. Lejos de llegar a funcionarios de mayor rango, como sucedía en el pasado con las administraciones de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional.

De ahí el clima enrarecido que se vive en ese sector de la población en la capital de Puebla: encobijados, desmembrados, feminicidios, privación ilegal de la libertad, cobro de piso, robo de combustibles, asalto a trenes, transporte de carga y narcomenudeo.

La obsolescencia de las líneas discursivas del Secretario de Gobernación frente a la realidad poblana en la capital es elocuente. Salir de la plancha del zócalo para testificar lo que los poblanos ven como una triste cotidianidad permitiría a este lego de la función pública ver más allá del cómodo habitáculo de su oficina.