En medio de la crisis en las relaciones institucionales entre los gobiernos de Claudia Rivera y Miguel Barbosa, la presidenta municipal y el gobernador del estado respectivamente, el lunes de esta semana deberá quedar marcado como uno de los más sangrientos de los últimos años.

En lo que parece la jornada más violenta, un total de diez personas perdieron la vida como consta en la publicación de parabolica.mx

Mala señal la que queda detrás de la falta de acuerdos entre un gobierno que se ha empeñado en desplazar a los mandos en Seguridad en el municipio y quienes se lo han impedido.

Mientras, el pleito se extendió hasta el derramamiento de sangre. Aunque el paliativo del discurso oficial dice siempre que se trata de una guerra entre bandas rivales, lo cierto es que a los muertos no se les puede despojar de condición humana.

Peor señal sería que la sangrienta jornada hubiera sido una reacción al operativo efectuado en el penal de San Miguel la madrugada del lunes, en la que participaron unos tres mil elementos uniformados, entre Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

De acuerdo con lo referido por Barbosa en la mañanera del lunes, ahí estaba un líder criminal a quien se le conoce como el ‘Cochibombo’, a quien se le atribuyeron capacidades delictivas más allá de los muros de San Miguel.

Pero la peor señal habría sido que ante el conocimiento del retiro de los efectivos de Seguridad para efectuar el operativo en el penal de la capital, las mafias hayan decidido efectuar una limpia de rivales en los municipios de Puebla, San Martín Texmelucan, Acatzingo y Amozoc.

Estaríamos ante la evidente realidad de una autoridad policial rebasada por la capacidad de logística, de fuego y reacción de los grupos delictivos que claramente han hecho suyas amplias franjas del territorio en el estado. El responsable de Seguridad del estado, Raciel López Salazar debe responder por ello.

Por la tranquilidad de poblanas y poblanos, por jóvenes y adultos y por la viabilidad del proyecto de gobierno en curso, más valdría que se trate de una desafortunada coincidencia en un contexto de divergencia de criterios entre mandos de diversas corporaciones.

No vaya a ser que en el combate a la delincuencia dentro y fuera de las instituciones, como con la enfermedad, nos haya salido más costoso el remedio que el padecimiento. ¿O no?