El gobernador Miguel Barbosa fue claro y firme. Ya se investigan a las personas, familiares y allegados tanto de Rafael Moreno Valle como de su esposa, Martha Erika Alonso, que se beneficiaron y se agandallaron terrenos en la famosa Ciudad Modelo.
Aunque se reservó nombres, desde hace años en Intolerancia Diario dimos cuenta de los abusos que el entonces titular de la Secotrade, Pablo Rodríguez Regordosa, cometió en la instalación de Audi y la Ciudad Modelo, no sólo por las plataformas que serán tema de otro día, si no por los terrenos en los cinco municipios que se compraron, expropiaron o arrebataron a través de prestanombres.
El negocio de Pablito, quien supuso que la mano de la justicia jamás lo alcanzaría, era arrebatarle los terrenos que él ya tenía vistos a través de artimañas jurídicas a sus verdaderos dueños, pagarlos a precios de risa y después esperar un par de años para que su plusvalía se elevara y así venderlos, obteniendo jugosas ganancias.
Además del atropello y de las amenazas contra los dueños originales, Miguel Barbosa ya advirtió que existen otras irregularidades que podrían sancionarse hasta con prisión.
Justamente por ello me preguntaba cómo dormirá esta noche don Pablito, quien tiene muy claro los excesos que cometió amparado en las imposiciones de Rafael y cobijado por un congreso levantadedos que aprobó la llamada Ley Eukid.
Además de Ciudad Modelo, Pablito bien haría en revisar nuevamente el tema de las instalaciones del Comité Municipal del PAN que “prestó” en noviembre de 2015 para que su esposa pudiera ahorrarse los gastos de su oficina de enlace: “Es decir, que con esta decisión, la familia Rodríguez Rodríguez piensa clavarse un millón 350 mil pesos, dinero que el estado destina para acercar a los diputados a los ciudadanos y no para que terminen en la bolsa de los legisladores”, escribí en ese momento.
En 2019 retomé el tema cuando se presentó el libro de La Trama Audi sobre la impunidad que envolvió la llegada e instalación de la armadora alemana a la zona colindante con Tlaxcala y en esa como en todas las ocasiones pasadas, Pablito optó por guardar silencio y esconderse, como si con ello se pudieran borrar todas las tropelías que ya tienen detectadas en el despacho.
Veremos cómo se desenvuelve este asunto y desde Intolerancia Diario estaremos muy pendientes de conocer cuáles fueron los abusos y cuáles serán las sanciones, porque está visto que esta vez la impunidad no podrá repetirse.
El Chema y la papa caliente
Los padres de un joven que lleva seis años recluido denunciaron, entre otras personalidades, al exfiscal, Víctor Carrancá. Acusaron que el proceso en contra de José María Chema Sosa está viciado y que el entonces procurador participó en supuestos actos de corrupción para afectarlo.
La historia podría sonar como cualquier otra en donde se comprobó que las confesiones del homicida se habrían obtenido bajo tortura.
El problema radica en que el joven, aunque oficialmente no pudo ser juzgado por ese delito, es el principal sospechoso en el caso de la desaparición de Paulina Camargo, su novia quien estaba embarazada y se había negado a abortar al hijo de ambos.
Los videos presentado por la familia Camargo han demostrado que él fue el último que la vio con vida, algunas manchas de sangre en un departamento hacer llegar a conjeturas, pero la entonces procuraduría y hoy fiscalía, no pudo o no quiso comprobar que el joven mató a la madre de su hijo, ni siquiera ha sido capaz de encontrar a la joven con vida o al cadáver, para que se le puedan imputar cargos firmes a Chema Sosa.
La defensa del karateca parece tener puntos a su favor y eso resulta un arma de doble filo porque amén de que los delitos de desaparición podrían quedar impunes, tampoco se cumplió con la tarea de la procuración de justicia en favor de las víctimas.
El caso es, por donde se mire, es una verdadera papa caliente, y sí, Carrancá debe explicar por qué la corporación a su cargo no puedo hacer una investigación creíble, profesional y congruente del caso, pese a que dos vidas, la de Paulina Camargo y la de su hijo, se perdieron.
Y de ahí, el ex Fiscal del morenovallismo deberá responder a su incapacidad y su sospechosa inacción. Y de ser necesario, pagarlo bajo la sombra.
Ni más, ni menos.