La consulta popular promovida por Andrés Manuel López Obrador resultó un fracaso en cuanto a participación ciudadana, aunque no deja de entregar fuertes mensajes. Promovida con el supuesto fin último de enjuiciar a expresidentes de la república, llega a tres años de la apabullante victoria presidencial, cuando el ahora mandatario reiteró sus compromisos a favor de la austeridad y contra la corrupción, mensaje que fue retomado con fuerza por los gobernadores, alcaldes y legisladores de Morena.
Si bien el ejercicio democrático fue una promesa de campaña, alimentado por la actual crisis sanitaria y económica, estaba destinado a fracasar. ¿De qué manera revivir aquellos fantasmas del pasado otorgaría certidumbre para un presente sumergido en los más de 240 mil muertos por la pandemia covid, la inflación, además de la ya común corrupción, inseguridad y los abusos de poder?
Solo un promedio de 7.7 por ciento de mexicanos acudieron a las urnas el pasado 1 de agosto y el resto no merece ningún reproche. Incluso enjuiciar a exfuncionarios que, de ser culpables, en su momento salieron impunes, lamentablemente no representará ya un beneficio al difícil día a día de la mayoría de la población del país. Tan solo, en su último informe, el Inegi reportó una inflación de 5.75 por ciento, con alzas en los precios de la tortilla, la energía eléctrica y el gas. Para quienes apenas sobreviven con salarios ajustados, unos cuantos pesos extra significan un enorme sacrificio.
La ausencia, a pesar de la histórica organización del Instituto Nacional Electoral (INE), dice mucho en realidad. Grita que se necesitan administraciones efectivas ahora para no tener que convocar un referéndum de la misma naturaleza en los próximos sexenios. Esos más de 500 millones de pesos invertidos no son un desperdicio si quedan como una legítima prueba de que, en efecto, los habitantes de México exigen justicia, democracia, transparencia y un verdadero alto a la corrupción.
Por eso, es necesario resolver otros temas pendientes que laceran la confianza en la actual gestión de los tres poderes. Los legisladores de San Lázaro tienen pendiente, por ejemplo, culminar el proceso de desafuero contra Saúl Huerta, acusado por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX de abuso sexual contra un menor de edad, y de Mauricio Toledo, por enriquecimiento ilícito, el cual ha sido demorado negligentemente durante semanas. Un “ya chole” no será suficiente, nunca.
En Puebla, cabe destacar, los pobres resultados ante las desproporcionadas promesas de gobierno y los enfermizos conflictos partidistas, como el que lamentablemente se suscitó en la disputa por la candidatura a la presidencia municipal de Puebla capital, y que mantiene tomadas las instalaciones estatales del partido, estuvieron ampliamente relacionados con el descalabro de Morena durante las elecciones del 6 de junio en la zona metropolitana.
Esto, también es la prueba de que los ciudadanos no esperan resultados ni justicia a posteriori emanados de futuras consultas populares, pues la democracia no se otorga a crédito, las cuentas deben pagarse en el momento. Algo debe quedar claro, estos pecados se han visto antes vestidos de muchos otros colores, pero esta vez se sienten tan traicioneros. A la 4T le quedan aún muchos retos por delante y, al parecer, otros grandes tropiezos.
