Hace unas semanas un reporte de Think Tank Global Financial Integrity (GFI) presentó un informe “Acres de lavado de dinero: Por qué el sector inmobiliario de EU es el sueño de un cleptócrata”, (Algunos analistas utilizan el término 'cleptocracia' para desacreditar los procesos políticos que permiten que las grandes corporaciones sean influyentes en la política) en el cual comenta que del  año 2015 al 2020, el lavado de dinero en negocios inmobiliarios en Estados Unidos llegaron a cifras  de aproximadamente  2,300 millones de dólares.

De acuerdo a este informe las personas de nacionalidad mexicana han sido señaladas como los extranjeros que más lavan dinero en bienes raíces dentro de Estados Unidos.

En este contexto, el reporte analiza que de los casos de lavado de dinero en bienes raíces analizados para el informe, el 82% tuvieron como fuente recursos provenientes del extranjero.

Se identificó que el dinero ilícito extranjero para adquirir bienes raíces en Estados Unidos en esos cinco años provino de 26 países distintos, donde México fue la principal fuente extranjera de fondos, superando a Venezuela, Guatemala, Malasia y Nigeria entre otros.

Le siguen Venezuela, con 8.93 por ciento; Guatemala, 7.14 por ciento; Irán, 5.36, y China, con 3.57 por ciento. El informe destaca que los esquemas a los que más se recurre para estas operaciones son las estructuras empresariales, prestanombres e hipotecas, pero también se han detectado lavado de dinero a través del arrendamiento y la remodelación de los inmuebles.

Identifica que los mayores facilitadores para este tipo de ilícito son las firmas de abogados, los agentes de bienes raíces y de títulos y fideicomisos; pero también se ha detectado la participación de empresas de inversión en bienes raíces, de desarrolladores, de administración de inmuebles, proveedores de servicios, bancos y casas de subasta.

El informe hace un recuento de las debilidades del régimen antilavado de Estados Unidos dentro del sector de bienes raíces, ya que, por ejemplo, es el único país dentro del G7, que no exige a los profesionales de bienes raíces apegarse a la normativa de prevención y combate al blanqueo de capitales.

Para GFI, los profesionales que participan en una operación de bienes raíces deben de tener la facultad para informar a las autoridades sobre los riesgos de lavado de dinero en las transacciones de este tipo.

Por último, el informe destaca el uso de empresas fantasma y estructuras corporativas complejas para lavar dinero en bienes raíces dentro de Estados Unidos, pues, por ejemplo, en 82% de los casos identificados se involucró el uso de una entidad legal para ocultar al beneficiario real.