Ayer Ignacio Mier gritó a los cuatro vientos que sostuvo una reunión “republicana” con López Obrador para hablar de la mal llamada Reforma Energética.

Eso escribió en Twitter, pero nadie con inteligencia puede creer lo que respondió en una entrevista banquetera donde afirmó que no comentó con el Presidente de la República el problemón en el que está metido su hijo Nachito Mier tras la ejecución de tres ministeriales en el municipio de Tecamachalco.

¿De verdad alguien como Mier Velazco desaprovecharía una reunión con el Presidente cuando la libertad de su hijo pende de un hilo?

A otro perro con ese hueso.

Lo dijimos anoche, habrá que estar atentos a las acciones del clan Mier para saber cuál será la prioridad: mantener el proyecto político del papá o la libertad del junior.

Estaremos atentos.

El transporte y las promesas incumplidas

Han pasado dos años desde que se autorizó uno de los mayores incrementos a las tarifas del transporte público de pasajeros, al pasar de seis pesos a ocho cincuenta, y el compromiso de los permisionarios de tener unidades dignas y seguras sigue sin cumplirse.

Ahora que en el Congreso se discute lo que será la nueva Ley del Transporte, lo que la gente espera es que ya no le tomen el pelo como ha ocurrido desde hace 60 años, pues pareciera que los permisionarios son intocables.

Aún recordamos los compromisos firmados en el mes de octubre de 2019 donde los permisionarios anunciaron que en los próximos cuatro meses cumplirían con siete puntos específicos: equipo de video vigilancia, software para GPS, licencias actualizadas cada seis meses, unidades no mayores a 10 años de vida, capacitación para los operadores en seguridad, cero discriminación y cero violencia en contra de las mujeres.

Tras 24 meses de incumplimiento por parte de la Secretaría de Transporte, al poblano le importan 20 toneladas de pepino si el culpable de la crisis es Guillermo Aréchiga o el mismísimo Chupacabras; lo que le importa es que le cumplan las promesas de renovación y seguridad y le dejen de tomar el pelo.

Desafortunadamente, secretarios van y secretarias vienen y ninguno ha tenido la capacidad de poner en orden a los permisionarios, quienes siguen siendo los dueños del botín.

Insisto, a la gente no le importa si fue Aréchiga el causante, lo que le interesa es que cada vez que suben el pasaje no cumplen y ni la autoridad ni los transportistas lo hacen.

La actual secretaria Elsa Bracamontes no llegó al cargo ayer, por lo que las acusaciones contra su antecesor ya no le alcanzan para justificar el incumplimiento, lleva siete meses en el gabinete y las cosas siguen como las encontró.

Sí partimos de la base que cuando se aprobó el aumento al pasaje dijeron que en 4 meses estaría funcionando el monitoreo en línea de las unidades con fines de seguridad, pues entonces ella también ha tenido tiempo para cumplir con la promesa fallida de Aréchiga.

El que quiere puede; pero doña Elsa parece que ni quiere, ni puede.

La Ley del Transporte, ¿en manos de quién?

Ahora la pregunta es si quienes van a discutir la nueva Ley del Transporte han utilizado alguna vez en su vida el servicio de transporte público de Puebla o si al menos tienen idea del miedo que se vive cada noche al tomar una combi que los lleve a Clavijero, con el Jesús en la boca para no escuchar la frase: “ya se la saben”.

O cuando menos, que sepan lo que implica viajar al CIS de Angelópolis o a Ciudad Judicial, tomando las unidades en el Centro Histórico a las 9 de la mañana, en donde para llegar a tiempo al trabajo tienen que ir colgando.

La realidad del ciudadano lo lleva más allá del enojo; sobre todo cuando dan las nueve de la noche y sabe que tendrá que caminar o pagar un taxi porque los dueños del transporte ya no prestan el servicio, aunque se hayan comprometido a trabajar hasta las 11 de la noche.

Son también los trabajadores quienes reclaman que están tan mal diseñados los derroteros, que a veces es necesario tomar 3 o 4 unidades para llegar de un punto a otro. En el peor de los casos, tomar varios transportes para llegar a un sitio desde donde se deberá caminar o tomar un Uber que les complete el trayecto.

Lo que se quiere es mucho más que una ley. Lo que se necesita es que se aplique y que se haga respetar; y si hay que retirar las concesiones, que se haga sin simulación.

¿Será posible que esta vez sí se ponga en cintura a quienes por años han creado una mafia políticamente y económicamente rentable?

Veremos y diremos