Indicadores y metas rigen la vida de cualquier burócrata nacional, subir o bajar décimas puede significar ira o beneplácito del funcionario en turno.
Sin embargo, México no es un país ducho para los números y el pensamiento crítico, vaya usted a echarle la culpa a quien guste. Muchas veces las realidades chocan con contextos que cuesta trabajo desmenuzar o comprender.
Una muestra es el enfado que sale de Palacio Nacional, y los morenistas más radicales, contra Víctor Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
Desde finales del año pasado los enojos se dispararon contra la SADER por la importación récord de maíz, frijol, arroz y trigo, entre otras operaciones menores, al alcanzar 15 mil millones de dólares. Este número no solo casi duplica lo de 2021, rebasó la marca histórica de 2012 por cinco mil millones de dólares.
Pero, como decíamos, números sin contexto generan narrativas.
Del veinte al veintiuno el gasto por importar granos básicos incrementó de nueve a 15 mil millones de dólares, pero el volumen solo pasó de 35 a 38.7 millones de toneladas, ¿qué pasó? Mal gobierno.
La depreciación del peso ante el dólar es una de las explicaciones más lógicas, la diferencia cambiaria se traduce directamente en incremento, pero eso no explica todo.
Se cita el enorme encarecimiento global de fertilizantes, entre 20-100 por ciento dependiendo presentación, por conflictos globales y encarecimiento de gas natural y energéticos, básicos para la producción, pero México se disparó en el pie desde inicios de sexenio.
La contra-contra reforma energética y la incapacidad de SENER-PEMEX-CFE pusieron de rodillas la producción nacional de gas natural e incrementaron los costos industriales de la energía, además de que han sido inútiles todos los esfuerzos de levantar la industria nacional de fertilizantes, dígase el affaire Lozoya-Pemex con lo que fue Fertimex.
Otra puñalada a la agricultura nacional fueron las trabas para importar glifosato, químico clave para el control de hierbas no deseadas en cultivos extensivos, y chivo expiatorio de la agricultura neoliberal. Un decreto busca prohibirlo por completo para 2024 en una transición ¿inteligente? Leer que CONACYT recomienda cortar un 50 por ciento de lo importado para este año, y racionarlo para citricultores y sembradores de maíz, nos comienza a dar señales de que se guían por corazonadas y puntadas.
Esto se lo debemos, por supuesto, a aquella narrativa política de recuperar el cuerno de la abundancia que México fue, y regresar la soberanía alimentaria gracias a los pequeños productores, impulsada por el zalamero subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez.
En los primeros 15 días de enero importamos 35 por ciento más volumen de maíz que en el, de por sí, ya alto año pasado.
Ese México, que nunca fuimos, menos llegará con las condiciones autoimpuestas y la realidad, aunque eso no está siendo impedimento para afilar la guillotina contra Villalobos; el tiempo nos dará la razón.
Otros números, sin embargo, solo son repetidos para dar pena.
En la comparecencia de la estatal Secretaría de Desarrollo Rural, en el contexto del informe del gobernador y tras rondas de autocomplacencias numéricas vacías, los diputados locales tuvieron oportunidad de hacer cuestionamientos a la maestra Ana Laura Altamirano.
Destacamos, por lo vergonzoso, al presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y diputado petista Miguel Octaviano Huerta Rodríguez, quien servilmente leyó la ficha que le pusieron a leer.
–Los resultados están a la vista (…) en los indicadores, por primera vez el campo poblano ha aportado poco más del 4.6 al Producto Interno Bruto estatal–
4.6 ya lo alcanzamos en 2009, y en 2004 y 2003 fue de 4.7, cosa que ya sabía Altamirano Pérez, pero que no fue freno para poner a hacer el ridículo al diputado de Xicotepec, mismo que plácidamente ve como caen apoyos a la cafeticultura en su distrito y parece serle suficiente para ser el palero legislativo en turno.
