Una auditoría en el gobierno es una apuesta de mínimo riesgo y altísima recompensa. No importa si tu nombre o dependencia sale en un pliego –al final son muchos y ni las judicializan-, han de pensar aquellos.
Como ejemplo tenemos la fiscalización a la cuenta pública 2020 por la Auditoría Superior con observaciones por la astronómica cantidad de sesenta y tres mil millones de pesos; hay más posiciones decimales en esa cifra que dedos en sus manos.
La malversación de fondos pudiera ser vulgarmente descarada. De mil 616 informes hay irregularidades por, por ejemplo, 12 mil millones de pesos en el sector economía y otros siete mil en desarrollo social.
Y decimos pudiera porque una auditoría a estas alturas es un ejercicio de aclaración de cuentas. Nos puede hablar de desaseo administrativo, pero no podríamos decir que es un robo flagrante.
Y decimos podríamos porque donde apesta a corrupción comprobada es en SEGALMEX.
Seguridad Alimentaria Mexicana es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y que agrupa lo que fue CONASUPO o LICONSA y DICONSA; dependiendo su edad.
Así pues, DICONSA tuvo 1.4 mil millones de pesos en observaciones, LICONSA la superó tantito con 1.5 mil millones de pesos, y SEGALMEX, aparte, 5.6 mil millones de pesos. Sumados, 8.6 mil millones de pesos; 1/8 de todas las observaciones.
El daño siguió las tramas que se puede imaginar para estos tipos de robo; una perla para ilustrar.
A finales del año pasado decenas de miles de toneladas se pudrían en Chiapas, lo mismo que en Guerrero y en muchos otros estados donde SEGALMEX se dedicó a comprar maíz a precios de garantía a pequeños productores. En Guerrero, por ejemplo, de los 275 mil sacos pagados, no recibió cien mil, a nivel nacional el déficit fue de 30 millones. Pues que vaya sobre tarimas… pues tampoco, se pagaron por anticipado trescientas mil y se entregaron apenas doscientas mil.
Obviamente la calidad del grano pudiera estar comprometida, pero para probar la calidad, y colocarla en el mercado nacional, es obligatorio su comprobación de laboratorio… pues tampoco, se entregaron con un desfase de más de tres meses, inoperantes para su propósito original. ¿Que qué empresa tendría tan poca profesionalidad? La misma que vendió ventiladores defectuosos al IMSS con un sobrecosto de 250 millones de pesos, parecería broma la coincidencia, ojalá lo fuera.
Todas las demás empresas proveedoras de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas, todas, denunciadas ante la Función Pública como una red de factureras desde la época de la Estafa Maestra.
Ese maíz, que se pudría a finales del año sin poder hacer nada por la seguridad alimentaria nacional, se vendía, sin empacho, del otro lado del Usumacinta, en Guatemala, bajo la marca Primium, o se intercambiaba con Venezuela por petróleo, al menos 200 mil toneladas, a través de la empresa Libre a Bordo en un mercado ilegal disfrazado como ayuda humanitaria; de nuevo, ojalá fuera broma.
Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX y primer jefe de Andrés Manuel López Obrador en el servicio público, seguirá a cargo, aunque con las manos atadas, es sarcasmo, tras la llegada de Juan Francisco Mora Anaya que era director de LICONSA a inicios de milenio.
Bernardo Fernández Sánchez fue director de operaciones de LICONSA, envuelta en un escándalo de subcontrataciones para deshidratar leche a precios inflados y la contratación de petroleros para embotellar leche, pero ser el yerno del exconsejero Julio Scherer le deja un halo de seguridad bastante robusto.
René Gavira Segreste, como oficial mayor de SEGALMEX, DICONSA y LICONSA, fue la cabeza más visible de la mugre de esta institución, razón por la que fue cesado en junio 2020. Además de achacársele directamente la desaparición de 1.5 mil millones de pesos en inventarios de granos, se le acusa de haber desaparecido más de 8 mil documentos comprobatorios de las operaciones de su dependencia al momento de su destitución. La porquería, como nata de leche, flota y se enrancia rápidamente.
