Existían en territorio nacional, a inicios de sexenio, siete gaseoductos privados que, pese a no poder operar por surtidas razones, exigían contractualmente al erario pagos por compensación que sumaron casi 65 mil millones de pesos desde 2015, cuando inició la reforma energética, hasta el año pasado cuando Manuel Bartlett los renegoció.
La mayoría de estos contratos fueron realizados por la Comisión Federal de Electricidad para transportar vía submarina gas natural del sur de Estados Unidos para la generación de energía. Casos especiales para centros industriales como el Tula-Villa de Reyes, para llevar energía al sureste y la península de Yucatán con el gaseoducto Mayakán, o como insumo para la industria, como la de fertilizantes, con el tramo Guaymas-El Oro.
El más importante, al menos para nuestra aldea, es el Tuxpan-Tula que cruza por Veracruz, Puebla e Hidalgo para alimentar las plantas de CFE que abastecen al centro y occidente del país; en nuestro estado cruza, por lógica geográfica, por la Sierra Norte.
Hay varias razones por las que están inoperantes. El de Villa de Reyes fue detenido en el 2018 al encontrarse más de 60 sitios arqueológicos en su trazo por la Huasteca Potosina, y el año pasado por un amparo ejidal. En Sinaloa, como otro ejemplo, se encontró la resistencia de algunas expresiones del pueblo yaqui y yoreme.
Estas iniciativas privadas eran encabezadas por capital extranjero, lo que llevó la negociación de la arena técnica y legal, a la ideológica y política.
El exgobernador de Puebla, Bartlett, llevó la negociación hasta el límite forzando nuevos trazos, renegociando tarifas y, lo más importante, cambiando la propiedad de los tramos de gaseoductos, una vez concluidos, a la Comisión. Esto último no será gratuito, no solo porque nos costará unos 150 millones de dólares extras por gaseoducto por adecuación, pero porque ahora es obligación de CFE terminarlos.
Precisamente en Puebla, diciembre de 2017, fue donde el gaseoducto Tuxpan-Tula encontró una suspensión legal a su construcción ante tres amparos promovidos por las comunidades originarias de San Pablito, de Pahuatlán, Cuautepec en Tlacuilotepec, y Chila de Juárez en Honey, lugares por donde cruzarían los ductos alterando territorios sagrados como el Cerro del Brujo del pueblo otomí.
Entre 90 y 120 kilómetros faltarán de construir entre Puebla e Hidalgo en el nuevo trazo diseñado por la Secretaría de Energía, bajo directriz de CFE, de los cuales importante parte cruzará por nuestra entidad y los municipios de Jalpan, Xicotepec, Venustiano Carranza y Huauchinango.
La visita de AMLO a San Pablito a inicios de 2020 cerró con una promesa verbal donde se comprometió a ajustar el recorrido de la infraestructura para evitar sitios ceremoniales, y dictó una tácita orden presidencial de va porque va.
Ahora, como estrategia principal, se busca darles la vuelta a los derechos de los pueblos indígenas identificando como tal a la menor cantidad de comunidades posibles, enfocándose desde inicios de marzo en Tepapatlaxco, Xicotepec, y Tepetzintla, Cuahueyatla, Nopala y Cuauxinca, de Huachinango, para el ejercicio de consulta popular que indica la ley.
Cinco años de atraso, un mandato presidencial y haberle ganado en los contratos leoninos a los privados machuchones han colocado a Bartlett en una posición de cero errores operativos, como lo registran sus declaraciones –La CFE ha acordado (…) tomar un papel más activo que permita resolver los conflictos sociales y culminar el gasoducto Tuxpan-Tula–. Ese papel activo de la operación política ya se ha visto en Xicotepec, y en menor medida en Huauchinango, y se teme se lleve entre las patas a todos los que se atrevan a oponerse.
Por Puebla y 36 pulgadas de tubería cruza el futuro inmediato de una energía nacional tambaleante ante la crisis energética por el conflicto ucraniano. Eso sí, la cuna del papel amate está a salvo en San Pablito, misión cumplida.
