La semana pasada le dijimos que no hay que perder de vista al alcalde de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava, quien anda filoso trabajando.
Vaya golpe le asestó al ex presidente municipal Javier Tirado, al revelarse que hizo un presunto daño patrimonial a Chignahuapan por más de 195 millones de pesos.
La Auditoria Superior del Estado (ASE) descubrió la situación durante el ejercicio 2019 por observaciones por 63 millones de pesos y 2020 por 46 millones de pesos.
De este modo se determinarán procedimientos y sanciones por la probable desviación de recursos en contra de diversos ex funcionarios municipales.
Por ejemplo, en dicha administración hubo despidos injustificados por lo que actualmente existen procesos legales y laudos por una cantidad mayor a los 7 millones de pesos.
Hubo incluso donación ilegal de distintos predios a particulares entre los que destacan dos fracciones del polideportivo así como el lienzo charro, a través de actas de cabildo no coincidentes.
Además de en 2021, se pagaron 29 obras, pero no fueron ejecutadas por un monto superior a los 36 millones de pesos.
Por ejemplo, la construcción de la Casa de Justicia y Centro de Convivencia que no fue terminada, pero si pagada con un costo de 31 millones 699 mil 265 pesos.
También hay una enajenación de bienes-muebles por más de 11 millones de pesos, de los cuales no se sabe el paradero y donde descarta que las instalaciones del DIF municipal, quedaron totalmente vacías.
Todo parece indicar que fue un saqueo y el futuro de Javier Tirado, podría ser similar al de otros alcaldes: chirona.
Tiempo al tiempo.
UT’s en la mira
Algo parecido está ocurriendo en por lo menos dos Universidades Tecnológicas, donde se han registrado acusaciones en los últimos días.
El más reciente caso ocurrió en la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, donde un grupo de maestros y administrativos acusaron de corrupción al rector, Fiacro Luis Torreblanca Coello.
En una carta hecha llegar a este espacio acusan que en su administración se ha visto envuelta de irregularidades, abuso de poder, desvío de recursos y atropello en contra de los derechos de los trabajadores.
Lo raro es que se quejan de que encontró a personal administrativo contratado como profesor y los puso a dar clases, lo que generó molestias.
Con esto generó vacantes en el área administrativa y obviamente contrató a gente de su confianza, pero como profesores también, como por ejemplo su secretario particular Bernardo Mellado Bañuelos.
También acusan que dentro de las irregularidades se encuentra que el anterior Secretario Académico, Rafael Hernández Oropeza, una vez que fue destituido de su cargo, lo tiene contratado en la Universidad en diversos departamentos.
Asimismo, denunciaron un posible conflicto de intereses, por parte subdirector de administración y finanzas, Gerardo Gutiérrez Güido.
El funcionario en los años 2018 y 2019 fue jefe de departamento de programación y presupuesto, desde donde presuntamente benefició a su esposa Mirian Rodríguez Cruz, al ser proveedora de papelería, material didáctico, materiales para limpieza, material de higiene, aire industrial y extractores de aire.
Actualmente subdirector de administración y finanzas, cargo que le fue otorgado por el rector Fiacro Luis Torreblanca Coello a su llegada y avalado por el director de finanzas Isaac Ramírez Ayuso.
En dichos años presuntamente otorgó contratos a la esposa por facturas de 949 mil 864.34 pesos en el ejercicio fiscal 2018 y 80 mil 392.47 pesos en el ejercicio 2019, con un total de 1 millón 30 mil 256.81 pesos en los dos ejercicios.
También hay otro caso en otra Universidad Tecnológica, que le contaremos en próximas entregas.
Tiempo al tiempo.
