Oportunamente desde anteriores entregas en este espacio advertíamos la posibilidad de una intervención en los precios de productos de la canasta básica, situación que parecerá materializarse hacia la siguiente semana como medida para intentar frenar la inflación que alcanza sus indicadores más altos en veinte años. 

Oficial e históricamente podemos asociar el control de precios a los sexenios de Echeverría y López Portillo, del ’70 al ’82, y su implementación a la CONASUPO, que en esas fechas vio su mayor despliegue territorial con más de 8 mil tiendas que perturbaron el frágil ecosistema del comercio de abasto al menudeo. 

Kilos y docenas a precios accesibles para las clases más necesitadas es sin duda un buen propósito, aunque las reuniones entre los titulares de las Secretarías de Hacienda y Agricultura, Ramírez de la O y Villalobos Arámbula, respectivamente, no han dado señales claras de cómo se busca alcanzar esto, si bien las declaraciones del presidente apuntan a replicar lo que hicieron sus antecesores en los setentas. 

Podemos resumir las acciones en fijar controles de precios que frenen subidas de costos injustificados. Pero si estas medidas de poco sirvieron para frenar la inflación de hace 50 años, en el México moderno parecen no solo insuficientes pero contraproducentes en medio de una tormenta que no quieren ver. 

Inflación no-subyacente es el término financiero para describir el comportamiento de aquellos productos que obedecen factores fuera del control gubernamental como estacionalidad y volatilidad. Puede tomar como ejemplo los cítricos, que fuera de temporada tienen una natural subida de precios cuando su producción alcanza mínimos dictados por la naturaleza, o los energéticos que suelen subir en verano e invierno cuando son más demandados los servicios de aire acondicionado o calefacción. Por cierto, el limón no baja por la inseguridad, así nuestros problemas en Michoacán y Colima. 

Mandaría la lógica comercial de nuestros tiempos a reducir los aranceles en ciertos productos agropecuarios, ampliar los cupos de importación, u otras medidas que ampliarían la oferta en el mercado para bajar los precios, pero nuestro presidente no está para estas medidas neoliberales, al menos directamente. 

El método, sic, presidencial es diseñar un plan de producción de alimentos. A la mitad de sexenio, en medio de aprietos globales de energéticos y una crisis de fertilizantes (sin capacidad nacional), y con una metodología agroecológica sin asideros a la realidad. Una tomada de pelo, como toda la política agropecuaria de este sexenio. 

La problemática nacional puede ser paliada por subsidios a la canasta básica hacia las poblaciones más necesitadas, pero las arcas nacionales se encuentran famélicas y enfocadas a los proyectos faraónicos del presidente. No obstante, podemos asegurar desde este espacio que las políticas de incentivos fiscales se están cocinando en la Federación sin que tengamos claro cómo se evitarán los desbalances entre producción-demanda y mercado nacional contra exportación. 

No fue fortuita la visita de antier del secretario norteamericano de agricultura, Tom Vilsack, y la reunión que sostuvo con su contraparte mexicana para asegurar el flujo de bienes agropecuarios de Estados Unidos hacia México, especialmente en granos y oleaginosas.  

Como buena voluntad México finalmente refrendó toda la documentación para importar papa fresca a más tardar el 15 de mayo, para papas fritas y procesar, en un gesto que guiña directamente al embajador Ken Salazar y su hermano John Tony, artífices del armado legal para importar tubérculo fresco que comenzó en 2012 y tuvo complicado tránsito por nuestra Suprema Corte. Con este respaldo de Estados Unidos, y con los dólares excedentes por el precio especulativo del barril de petróleo, México puede embarcarse en el bucólico sueño de un presidente que sencillamente no entiende que el mundo cambió en los últimos 50 años.