Un lugar común es Cabo Cañaveral, sede del centro de lanzamiento de la NASA, y obligada referencia para cualquier hollywoodesco asunto que tenga que ver con el espacio. Aquí, en México, su contraparte histórica es casi desconocida, Cabo Tuna, en el estado de San Luis Potosí y con tal nombre por la abundancia de tunas en la región. 

1957 fue un año para la historia aeroespacial, tanto por la exitosa puesta en órbita del satélite soviético Sputnik, como por el lanzamiento del primer cohete sonda por la Universidad Autónoma de SLP, el Física I. 

Aquel entusiasmo nacional por conquistar el espacio se vio apagado por burocracia y falta de interés y presupuesto tan solo quince años después, con el último cohete Filoctetes II, viviendo importantes pero vaporosos momentos de gloria en 1985 con el primer astronauta mexicano en ir al espacio, Rodolfo Neri Vela, aunque de la mano de la NASA.  

Ya en el nuevo milenio, en 2010, la nación vio la redacción de una política espacial mexicana, así como su encarnación en la Agencia Espacial Mexicana. La agencia no tiene infraestructura, su presupuesto es de arribita de 50 millones de pesos y sus anteriores directivos están inhabilitados por 20 años y multados por 18 millones por desfalco al erario; existe, al menos. 

La existencia de esta agencia es irrelevante para la vida nacional, pero políticamente esta ha sido una de las piezas más importantes para el suspirante presidencial del 2024, Marcelo Ebrard Casaubón, en el escenario de latinoamericano.  

A finales del 2020 la cancillería mexicana lanzó una iniciativa para crear la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuya presidencia asumía México a inicios de dicho año.  

Esta iniciativa fue secundada por Argentina y firmada por 19 estados del Caribe y Latinoamérica, teniendo apenas la ratificación del Senado mexicano a mitades de este marzo. Argentina, aún más que México, tuvo un fulgurante pasado aeroespacial, siendo el cuarto país del mundo en poner un ser vivo en órbita y regresarlo con vida. 

¿Pero, qué cabida tiene actualmente Latinoamérica explorando el espacio? Realmente muy poca, Brasil es el principal jugador regional y se rehusó a unirse a ALCE por diferencias políticas con Argentina y Venezuela, aunque la ruina de Ucrania, su principal proveedor industrial, puede hacerle reconsiderar a futuro. No obstante, lo importante es tener un lugar en la mesa de negociaciones para el futuro que se acerca. 

Habrá escuchado que el límite es el espacio, pero estos aforismos tienen poco peso jurídico, en este momento no existen claras leyes para siquiera saber dónde comienza ese espacio. 

A nivel global no existe un marco jurídico que regule las actividades en el espacio exterior y sin duda observamos el nacimiento de una nueva rama del derecho, el derecho sideral, o interplanetario o extraterrestre o como guste llamarlo. 

Tomemos por ejemplo el límite entre lo aeronáutico y astronáutico, que es la llamada línea de Kármán y que oscila a los arbitrarios 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Estas definiciones no son triviales. Con la proliferación de vuelos comerciales siderales y la puesta en órbita de miles de satélites la soberanía y paz de las naciones está en juego al definir si están en su espacio, o solo en el espacio. 

El único tratado que buscó regular esto, de 1966, prohíbe la apropiación o declaración de soberanía sobre cuerpos celestes, incluida la Luna, pero se estipuló así por la imposibilidad en su momento de vislumbrar un futuro con, por ejemplo, la posibilidad de la minería sideral. 

En un futuro no muy lejano el mundo en su conjunto tendrá que sentarse a discutir el derecho espacial, por más futurista que le parezca, y si México logra mantenerse como la cabeza de ALCE sin duda podrá generar importantes gestiones para nuestro país y región. Esperemos que así lo haya pensado Ebrard, aunque la gira por la India y los países árabes apuntan, como siempre, a solo política.